“Vergüenza nacional” no es una frase exagerada cuando el Estado empieza a comportarse como la oficina de empleos del partido de turno. Tras la asunción de José Jerí, una investigación periodística puso bajo la lupa contrataciones de afiliados a Somos Perú en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Y el problema no es la militancia en sí: el problema es cuando la militancia parece reemplazar a la idoneidad y la cercanía política se vuelve el verdadero filtro de ingreso.
En teoría, el Estado tiene reglas: transparencia, eficiencia, meritocracia. En la práctica, a veces basta con “estar en la foto correcta”. Según lo reportado, el dominical Cuarto Poder identificó cerca de una docena de órdenes de servicio otorgadas en un corto período a militantes vinculados al partido oficialista, reavivando sospechas de favoritismo político. La coincidencia temporal con cambios y nombramientos en el MIMP —incluida la designación de una militante del mismo partido como titular del sector— no ayuda precisamente a despejar dudas.
Los casos descritos tienen un patrón que el ciudadano ya aprendió a reconocer sin necesidad de peritaje: registros de proveedor regularizados después, historial limitado o inexistente en el Estado, estudios no sustentados de forma clara en el momento, y contratos que llegan como “primera oportunidad” justo cuando el partido llega al poder. No estamos ante una casualidad administrativa; estamos ante una alarma institucional. Porque cuando el aparato público se convierte en un circuito de favores, lo que se rompe no es solo el procedimiento: se rompe la confianza.
Y el MIMP no es cualquier oficina. Es una cartera que debería blindarse contra este tipo de prácticas por su rol social y su responsabilidad con poblaciones vulnerables. Meterla en un sospechoso “reparto” partidario es doblemente dañino: degrada el servicio público y trivializa la función del Estado como garante de derechos.
La discusión clave no es si “la ley lo prohíbe” en abstracto. La pregunta real es otra: ¿hubo criterios objetivos?, ¿hubo evaluación de idoneidad verificable?, ¿hubo competencia abierta?, ¿quién responde por la selección?, ¿por qué tantos casos similares concentrados en tan poco tiempo? La ética pública no se mide solo por lo permitido, sino por lo justificable.
La analista política Mabel Huertas lo advirtió con claridad: el problema no es solo la afiliación, sino la ausencia de meritocracia; si esto es clientelismo, el Estado termina siendo “bolsa de trabajo” para quienes rodean al poder. Y cuando el Estado se vuelve bolsa de trabajo, deja de ser Estado: pasa a ser botín.
Reflexión final
Si el gobierno de Jerí quiere recuperar un mínimo de credibilidad, no basta con comunicados ni frases sobre “normalidad”. La única salida digna es transparencia total: expedientes, términos de referencia, sustento de perfiles, trazabilidad de decisiones y responsabilidades. Porque cada contratación “por cercanía” no solo es una falta de respeto al contribuyente: es una cachetada a la ciudadanía que aún cree —contra toda evidencia— que el Estado debería servir al país, no al partido. (Foto: Diario Correo).