Setenta y nueve firmas no son un rumor ni un berrinche parlamentario: son un parteaguas político. Cuando el Congreso reúne ese número para exigir un pleno extraordinario y debatir mociones de censura contra el presidente interino José Jerí, el mensaje es nítido: el país ya no discute si hay crisis, sino cuánto más se tolera la improvisación desde Palacio. Y, en ese escenario, el intento de blindaje fujimorista —sutil o descarado, según el día— revela una vieja costumbre nacional: la supervivencia política pesa más que la decencia institucional.
El pedido de pleno no aparece en el vacío. Llega luego de una cadena de episodios que han erosionado la autoridad moral del encargo presidencial: cuestionamientos por reuniones fuera de agenda, señales de uso instrumental del poder, y una administración que parece más ocupada en apagar incendios mediáticos que en gobernar. La censura no es una “exageración opositora”: es una respuesta previsible cuando el Ejecutivo transmite una idea peligrosa: que el Estado puede operar como trastienda.
Las firmas son, además, un síntoma de algo mayor: la paciencia institucional se agota. No solo de bancadas, sino del ciudadano que mira el país hundirse en inseguridad, economía informal capturada por mafias y servicios públicos que funcionan por milagro.
Aquí entra el fujimorismo con su manual más conocido: convertir la crisis en cálculo. No se trata —como suelen decir— de “defender la gobernabilidad”, sino de administrar la impunidad con lenguaje técnico. Se invoca el “debido proceso” cuando conviene, se pide “prudencia” cuando la evidencia incomoda, y se negocia el tiempo como si el país fuera un tablero y los muertos una estadística.
Ese blindaje no solo salva a Jerí: protege un modelo de poder. Un modelo donde el Ejecutivo débil es funcional porque permite cogobiernos informales, cuotas, pactos tácitos y reparto de influencia. El problema es que esa “gobernabilidad” no gobierna nada: solo prolonga el deterioro.
La censura no resolverá todo, pero revela la verdad. No nos engañemos: censurar a Jerí no arregla la inseguridad, no repone medicinas, no desmantela redes criminales, no recupera confianza. Pero sí abre una puerta clave: obliga a la política a mirarse al espejo. Porque el tema no es solo Jerí; el tema es el estándar. ¿Qué se considera tolerable en el ejercicio del poder? ¿Cuánta oscuridad debe acumular un gobierno para que el Congreso deje de hacerse el distraído?
Si el pleno se convoca y se debate, el país verá dos cosas: quién exige explicaciones y quién prefiere el silencio útil. Y ahí, el blindaje ya no será una sospecha: será un registro.
El Congreso no debería actuar como jurado moral, pero tampoco puede seguir como notaría de la decadencia. Setenta y nueve firmas han puesto a Jerí contra la pared. Ahora toca saber si el Parlamento usará ese impulso para sanear o para negociar. Porque cuando el poder se acostumbra a sobrevivir sin rendir cuentas, el siguiente paso es inevitable: gobernar sin vergüenza.
Reflexión final
El Perú no está atrapado solo por malos liderazgos; está atrapado por un sistema que premia el blindaje y castiga la transparencia. Si el fujimorismo decide salvar a Jerí, que lo haga con el rostro descubierto y con argumentos verificables. Y si Jerí quiere sostenerse, que responda con hechos, no con maniobras. En una democracia mínima, el poder no se hereda, no se encubre y no se negocia: se explica. Y hoy, lo que falta no son firmas. Lo que falta es ética. (Foto: Ideh Pucp).