La discusión sobre el respaldo del fujimorismo al presidente José Jerí no puede leerse solo en clave coyuntural. El argumento de la “estabilidad” explica una parte, pero no agota el análisis. En sistemas políticos fragmentados como el peruano, las bancadas suelen tomar decisiones mirando dos relojes al mismo tiempo: el del presente parlamentario y el del próximo ciclo electoral. Bajo ese enfoque, el apoyo a Jerí también puede entenderse como una estrategia de posicionamiento frente a 2026, donde quien competirá no es Jerí, sino su partido, Somos Perú.
Ese matiz es fundamental. Cuando se afirma que existe un “blindaje”, no necesariamente se alude a una adhesión personal al mandatario, sino a la preservación de un vínculo político con su espacio partidario. Desde la lógica electoral, el cálculo es reconocible: aun si Somos Perú no accede a una eventual segunda vuelta, su votación nacional, sus cuadros regionales, sus redes locales y su capacidad de orientación política podrían convertirse en un respaldo valioso para quien sí llegue al balotaje.
En ese contexto, el fujimorismo podría estar aplicando una estrategia de “puentes abiertos”: evitar una ruptura total hoy para no cerrar posibilidades de convergencia mañana. Esta práctica no es excepcional en democracias de coaliciones variables; lo problemático surge cuando ese cálculo desplaza la función de control político del Congreso. Si la fiscalización se percibe condicionada por conveniencias futuras, la ciudadanía interpreta que la vara institucional no es uniforme, sino negociable.
Además, hay un elemento de timing que no debe subestimarse. En periodos preelectorales, cada voto parlamentario opera como señal hacia múltiples audiencias: militancias, electores indecisos, actores territoriales y aliados potenciales. Por ello, las bancadas cuidan no solo el contenido de su decisión, sino también su narrativa pública. De ahí los movimientos aparentemente contradictorios: moderación en el discurso, cautela en las formas y continuidad en el fondo. Esa combinación busca reducir costo reputacional sin renunciar del todo al objetivo estratégico.
Sin embargo, esta arquitectura táctica tiene límites. Cuando la política parece guiada más por ingeniería electoral que por consistencia institucional, se amplifica la desconfianza. Y en el Perú actual, donde el vínculo entre ciudadanía y representación ya está tensionado, cada episodio de ambigüedad refuerza la idea de que el Congreso opera con criterios de oportunidad antes que de responsabilidad pública.
La sesión del martes, por tanto, tendrá un valor que excede el expediente concreto. Será una prueba de prioridad política: si prevalece una lógica de control imparcial o una lógica de administración de alianzas con horizonte 2026. En términos democráticos, esa diferencia es decisiva.
La hipótesis de un respaldo con cálculo electoral es verosímil y merece debate serio. No porque Jerí sea candidato —no lo es—, sino porque Somos Perú sí compite y puede ser un actor relevante en la redistribución de apoyos para una segunda vuelta. Si ese factor pesa más que los estándares de fiscalización, el costo institucional será inevitable.
Reflexión final
La estrategia es parte legítima de la política; la opacidad estratégica, no. El reto para el fujimorismo —y para todas las fuerzas— consiste en demostrar que sus decisiones parlamentarias no responden solo a aritmética electoral, sino a criterios estables de control, transparencia y responsabilidad democrática. Sin esa coherencia, cualquier discurso de estabilidad queda incompleto frente a una ciudadanía que exige algo más básico: reglas claras para todos. (Foto: La República).