Jerí acorralado: convocan pleno extraordinario para el martes 17

El pleno extraordinario del martes 17 para debatir la censura contra José Jerí no nace de una convicción democrática ejemplar, sino de una realidad más áspera: el Congreso fue empujado a cumplir su función después de tropezar, corregir y resistirse. Lo que debería ser rutina institucional —control político oportuno y transparente— se convirtió en una carrera de obstáculos marcada por tecnicismos, mensajes contradictorios y cálculo de daños.

Jerí llega acorralado por la coyuntura. Pero el dato más grave es otro: el Parlamento también llega acorralado por su propio descrédito.

Esta editorial sostiene que el caso Jerí no revela un “error puntual”, sino una forma de operar: en el Congreso, la responsabilidad se procesa tarde, bajo presión y al borde del mínimo reglamentario. Esa lógica no protege la estabilidad; normaliza la precariedad democrática.

1) El Congreso del umbral mínimo
La moción avanza con el mínimo exigido, subsanaciones al límite y una narrativa de “se pudo, pese a todo”. Ese “pese a todo” es precisamente el problema. Una institución seria no debería celebrar que llega raspando a sus obligaciones, ni presentar como virtud lo que en realidad es señal de deterioro operativo y político. Cuando el estándar se vuelve “cumplir apenas”, el mensaje al país es devastador: lo excepcional ya no es la crisis, sino la normalidad.

2) Procedimiento usado como trinchera
Durante días, la discusión se desplazó del fondo a la mecánica: firmas válidas, firmas retiradas, formatos fragmentados, objeciones y contraobjeciones. El procedimiento, que debe garantizar legitimidad, terminó funcionando como trinchera para ganar tiempo. No se trata de despreciar la forma; se trata de denunciar su instrumentalización. En el Congreso peruano, la regla no siempre ordena: muchas veces encubre.

3) Estabilidad invocada, responsabilidad postergada
La apelación a la “estabilidad política” en vísperas electorales suena sensata, pero aplicada selectivamente se vuelve coartada. Porque estabilidad sin control es quietud aparente; y quietud aparente en política suele ser antesala de mayor desconfianza social.
Si cada decisión incómoda se posterga por calendario, el país entra en una democracia de suspensión: se vota todo, menos lo que incomoda al poder.

4) Coherencia frágil, ciudadanía relegada
Cambiar de postura puede ser legítimo; cambiarla sin rendir cuentas públicas es una forma de desprecio político al ciudadano. La secuencia de respaldos y desmarques confirma una práctica conocida: primero se firma para enviar una señal, luego se recalcula para reducir costos. Ese péndulo no expresa deliberación madura, expresa política de oportunidad. Y una representación basada en oportunidad permanente termina vaciando la idea misma de mandato.

5) El martes 17: votación sobre Jerí, juicio al sistema
El pleno no evaluará solo a Jerí; evaluará la honestidad funcional del Congreso. Si hay fundamentos para censura, debe haber voto consistente. Si no los hay, debe existir defensa argumentada, no blindaje tácito. Lo intolerable es la zona gris donde todos declaran firmeza y nadie asume consecuencias. Esa zona gris es, hoy, el principal combustible del cinismo ciudadano.

El caso Jerí confirma que el Parlamento peruano administra el poder como una contingencia permanente: improvisa, corrige tarde y convierte cada decisión en pulseada de corto plazo. Así, la censura corre el riesgo de dejar de ser un mecanismo de control para convertirse en instrumento de presión negociable.

Si el martes 17 se impone la lógica del cálculo, no habrá ganadores políticos reales: habrá una nueva derrota institucional.

Reflexión final
Una democracia no colapsa de un día para otro; se desgasta cuando sus élites reducen la ética pública a trámite, y el trámite a supervivencia. Jerí está acorralado, sí. Pero el verdadero cerco está sobre un Congreso que ya no puede pedir confianza mientras opera con estándares de emergencia. Si la política insiste en funcionar al borde del mínimo, la ciudadanía terminará respondiendo con el máximo castigo democrático: la deslegitimación total de quienes dicen representarla. (Foto: Sebastián Blanco Salazar / LR).

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