La pregunta del momento parece matemática: ¿cuántos votos se necesitan para censurar a José Jerí?. Pero en el fondo es una pregunta moral e institucional: ¿con qué nivel de respaldo se puede mover la jefatura del Estado sin terminar de romper la confianza pública?.
El Congreso ha convertido una decisión de máxima trascendencia en una discusión de pizarra: si 66, si menos por licencias, si alcanza con los hábiles, si basta con un quórum ajustado. Todo legal, dirán. Todo correcto, insistirán. Pero cuando el destino político del país se define buscando el umbral más bajo posible, no estamos ante fortaleza democrática: estamos ante una democracia operando en modo supervivencia.
Esta editorial sostiene que el caso Jerí revela una práctica corrosiva del poder: usar la regla para llegar al mínimo, no para sostener el máximo de legitimidad.
Sí, la censura puede ser reglamentariamente viable. Pero si se impulsa con aritmética de emergencia y cálculo de coyuntura, el Congreso no corrige la crisis: la profundiza.
Primero, el dato duro: en términos generales, se habla de 66 votos (mitad más uno de 130). Sin embargo, especialistas han explicado que el número podría reducirse según asistentes y hábiles al momento de la sesión. Ahí aparece el problema político: el debate no gira en torno a la gravedad del caso ni a la consistencia de los argumentos, sino a cuánto puede comprimirse el umbral para que “alcance”.
Ese desplazamiento es peligroso. Porque en una república seria, la pregunta no es “¿cuál es el mínimo para ganar?”, sino “¿cuál es el estándar para no degradar la institución?”. Hoy parece ocurrir lo contrario: la legitimidad se trata como un costo a recortar.
Segundo, la controversia de fondo: ¿corresponde censura o vacancia?. Una postura sostiene que la censura es válida porque Jerí conserva su condición de presidente del Congreso aun cuando ejerce la Presidencia por sucesión; por tanto, el Pleno puede retirarle esa investidura. La otra afirma que, si los hechos imputados son del ejercicio presidencial, el camino idóneo sería la vacancia.
En cualquier país que se tome en serio su diseño constitucional, esta diferencia exigiría claridad previa. Aquí, en cambio, se pretende resolver en plena tormenta, con bancadas midiendo conveniencia antes que doctrina.
Tercero, el síntoma más inquietante: la política peruana se ha habituado a tomar decisiones máximas con consensos mínimos. Esa costumbre no estabiliza; intoxica. Porque cada salida precaria deja una factura: más desconfianza, más polarización, más percepción de que las instituciones son herramientas de uso táctico, no garantías del interés general.
Y cuando eso se vuelve rutina, el problema ya no es Jerí. Es el método. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan para censurar a José Jerí?. Los suficientes para que el acto no sea solo legal, sino políticamente irrefutable. Si el Congreso opta por la ruta del número mínimo, podrá celebrar una victoria reglamentaria de corto plazo, pero entregará una derrota institucional de largo alcance.
Reflexión final
El país no necesita más operaciones al filo del quórum. Necesita decisiones con densidad democrática.
Porque cuando el poder se ejerce con cálculo de centímetro, la legitimidad se derrumba por kilómetro.
La cifra importa, sí. Pero más importa lo que esa cifra representa: si el Congreso quiere cerrar una crisis con responsabilidad o seguir administrando el poder como si el Perú fuera apenas una suma de votos hábiles en una mañana extraordinaria. (Foto: Presidencia).