En el Perú, cuando una institución tiene historia, sede y patrimonio, siempre aparece alguien que confunde representación con propiedad. Por eso el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú está en pie de lucha: porque el gremio se encuentra secuestrado por gente inescrupulosa, más interesada en controlar la institución que en protegerla. El Consejo Directivo, mediante un comunicado público, advierte y alerta que la institución atraviesa un momento crítico relacionado su patrimonio e institucionalidad.
El comunicado no se esconde tras eufemismos: denuncia que el ciudadano Agustín Rodríguez Yupanqui, realizando “maniobras ilegales”, habría “sorprendido a diferentes autoridades”, lo cual siembra dudas sobre la transparencia del proceso. Traducido a lenguaje ciudadano: no es una discrepancia gremial, es un operativo. Y el Perú conoce bien ese libreto: se disfraza de formalidad, se impone con papeles y se sostiene con silencio, hasta que la institución amanece tomada.
La alarma tiene fecha y un objetivo explícito. El Consejo Directivo del Círculo de periodistas Deportivos del Perú presidido por Luis Salazar Valdelomar informa y denuncia que el sábado 28 de febrero Agustín Rodríguez Yupanqui ha convocado una asamblea para modificar estatutos y así perpetuarse en el cargo de presidente.
No hay que ser adivino para entender el incentivo: quien se perpetúa rara vez busca servir; busca seguir mandando. Y quien se aferra al cargo, muchas veces, busca seguir usufructuando. Por eso la denuncia política y moral que atraviesa al gremio es directa: la pretensión de perpetuidad huele a continuidad de beneficios —ingresos por carnets, servicios y el manejo del local institucional— como si el Círculo fuera un negocio particular y no patrimonio de todos sus miembros. En un escenario así, la salida no es el discurso: es transparencia total, auditoría independiente y rendición de cuentas.
Pero el detalle más revelador del espíritu de la maniobra es aún más grave: el comunicado advierte que, además de modificar estatutos, se pretende eliminar el Tribunal de Honor. En castellano simple: quitar el órgano de control ético. Es el movimiento típico de cualquier toma institucional: primero se cambia el reglamento; luego se elimina al árbitro. Si se borra el Tribunal de Honor, ¿quién fiscaliza? ¿Quién sanciona? ¿Quién pone límites cuando el gremio se convierte en feudo?
La situación se agrava porque el propio comunicado indica que el Tribunal de Honor —presidido por el Dr. Arturo Sarmiento— ha denunciado penalmente ante el Poder Judicial la falsificación de su firma en el acta final de la asamblea donde se otorgan poderes a Rodríguez Yupanqui.
En un gremio periodístico, tocar una firma es tocar la credibilidad. Y sin credibilidad, el periodismo no tiene autoridad: solo ruido. Y por si faltara el capítulo patrimonial, el comunicado alerta que la sede de Torres Paz 848 podría ser vendida o recibir un “uso inapropiado”, motivo por el cual se convoca a una reunión con carácter URGENTE el lunes 23 a las 19:30, vía Zoom. Incluso se anuncia que la invitación será difundida el mismo día para evitar “intromisiones”. Cuando una institución debe blindar su reunión para que no la infiltren, la palabra “secuestro” deja de ser figura retórica.
Aquí no está en juego un cargo: está en juego la institucionalidad, el control ético y el patrimonio del gremio. Y cuando se intenta perpetuar el poder, desactivar controles y colocar el patrimonio en zona de riesgo, lo que ocurre no es gestión: es toma.
Reflexión final
Llamado frontal a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público (Fiscalía), a la PNP y a las instancias administrativas y registrales competentes: esto no puede observarse con indiferencia. Si hay indicios de maniobras ilegales, presunta falsificación y riesgo patrimonial, corresponde investigar y proteger el patrimonio institucional antes de que sea tarde.
Y llamado aún más directo al gremio: el Círculo debe ser liberado del secuestro institucional. Porque un gremio sin ética ni rendición de cuentas no es gremio: es botín. Y el comunicado lo resume con una obligación que hoy pesa como mandato: “ES NUESTRO DEBER DEFENDER A NUESTRA INSTITUCIÓN.”