En el Perú, la política ya ni se esfuerza por disimular: hoy podemos tener a un presidente encargado con juicio oral programado y a un Congreso actuando como si eso fuera “parte del paisaje”. El caso de José María Balcázar no es solo un problema personal o judicial —donde rige el debido proceso—, sino un escándalo institucional: ¿cómo llegó a la línea de sucesión sin que el Parlamento hiciera una verificación mínima de idoneidad? La respuesta es incómoda, pero evidente: porque en el Congreso se vota primero y se revisa después… si es que se revisa.
El Poder Judicial fijó para el 16 de junio de 2026 el inicio del juicio oral por presunta apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque, con advertencia expresa: si el imputado no asiste sin justificación, podría ser declarado reo contumaz. Es decir, no estamos hablando de una “polémica mediática”, sino de un proceso formal con reglas claras y consecuencias procesales. Y aun así, el país amaneció con Balcázar en el máximo asiento del Estado por la vía de la sucesión.
Lo peor es que no fue una sorpresa. Hubo alertas públicas: el propio gremio profesional expresó rechazo y cuestionó su idoneidad. Se habló de preocupación e indignación. ¿Y el Congreso? Hizo lo que mejor sabe hacer cuando se trata de responsabilidad: mirar a otro lado y seguir con la repartija. Porque no es que falte información; lo que falta es voluntad de poner estándares.
Aquí está el punto: la presunción de inocencia es un principio jurídico; la idoneidad es un deber político. Un Parlamento serio entiende la diferencia. El nuestro prefiere confundirse a propósito. Es el mismo libreto de siempre: cuando conviene, invocan la moral; cuando incomoda, se refugian en tecnicismos. Y así, la institución que debería ser filtro termina siendo trampolín.
¿Quién responde por esto? Nadie. Los congresistas que lo eligieron no pagan el costo. La factura la paga el país, porque en tiempos de crisis, el presidente encargado no es un trámite: es la cara del Estado, la voz del orden público, el símbolo de la institucionalidad. Y si ese símbolo llega con un juicio oral a la vista, el daño no es solo reputacional: es político, es institucional y es internacional.
La pregunta, entonces, no es “¿y si resulta inocente?”. La pregunta correcta es: ¿por qué el Congreso se permitió llevar al país a este nivel de precariedad? Porque la irresponsabilidad se ha convertido en método. Porque el estándar se ha reducido a “que no me salpique hoy”.
Balcázar puede defenderse en los tribunales. Pero el Congreso no tiene excusa. Elegirlo sin filtros —con alertas públicas y cuestionamientos previos— no es un accidente: es una forma de operar. Y esa forma de operar es parte del problema nacional.
Reflexión final
El Perú necesita reformas, sí, pero sobre todo necesita algo más básico: vergüenza institucional. Mientras el Congreso siga jugando a la ruleta con la Presidencia, la democracia será una estructura frágil sostenida por suerte. Y un país no puede gobernarse a punta de suerte. (Foto: Infobae).