Que la familia de Hugo Bustíos tenga que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es “internacionalizar” un caso: es rescatarlo de un sistema que acaba de enviar una señal corrosiva. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, que anuló la condena y ordenó la libertad de Daniel Urresti, el Perú no solo reabrió un expediente: reabrió un duelo y cerró, de golpe, la confianza pública en que la justicia puede sostenerse cuando incomoda.
En términos simples, el mensaje es brutal: incluso después de años de proceso, incluso con sentencias, el Estado puede retroceder. Y quien paga ese retroceso no es el Estado. Lo paga la víctima.
Esta editorial sostiene que lo ocurrido no es un “debate técnico” inocuo. Es una decisión con impacto político y moral: se ha colocado una alfombra roja a la impunidad en un caso emblemático de asesinato de un periodista. Y cuando el Estado obliga a los deudos a buscar justicia fuera del país, lo que se evidencia no es “falta de paciencia” de la familia: es falta de garantías en casa.
La familia lo ha dicho con una claridad que debería avergonzar a cualquier institución: no se trató de un favor judicial; hubo jueces que determinaron responsabilidad. Sin embargo, el sistema vuelve a “mover” el caso bajo el argumento de que el problema no es el crimen, sino el modo en que se aplicó el derecho. Esa maniobra —porque así se vive fuera de los escritorios— traslada la discusión desde la verdad hacia el trámite. Y el trámite, ya se sabe, es el terreno donde la justicia puede cansarse, confundirse o rendirse.
La frase “no es una absolución” sirve para el comunicado; no sirve para la realidad. Porque la realidad es que el resultado práctico es la libertad del condenado y el retorno de la familia a la intemperie. En otras palabras: el sistema no les ofrece cierre, les ofrece repetición. No les ofrece reparación, les ofrece otra vuelta. Y eso tiene nombre: revictimización institucional.
El punto más hiriente es que el país se acostumbra a este guion: cuando un caso es sensible, se invoca la palabra “constitucionalidad” como si fuera una manta que cubre todo. Como si el respeto a las garantías solo existiera para el acusado y no para la víctima. Como si el derecho a la justicia y a la verdad fuera un accesorio. Y como si la libertad de prensa —golpeada cuando se asesina a un periodista— pudiera tratarse como un tema lateral.
Por eso la familia irá al Sistema Interamericano: porque el sistema interno ya no parece un camino, sino un filtro. Y un filtro que, demasiadas veces, termina dejando pasar lo peor: la impunidad.
Este no es solo un caso familiar. Es un termómetro democrático. Cuando un periodista puede ser asesinado por investigar y, décadas después, el país termina discutiendo relojes y procedimientos como si fueran más importantes que la consecuencia penal, el mensaje hacia el presente es escalofriante: el riesgo persiste, la protección flaquea y la justicia puede ser reversible.
La decisión que empuja a la familia Bustíos a buscar justicia internacional no fortalece instituciones: las expone. Porque lo que queda a la vista es un Estado incapaz de sostener una verdad judicial sin desarmarla. Y un Estado que no puede garantizar justicia en un crimen contra la prensa no está fallando en un caso: está fallando en su promesa democrática.
Reflexión final
El Perú no debería normalizar que sus víctimas tengan que salir del país para encontrar justicia. Cada vez que ocurre, el Estado reconoce —sin decirlo— que no está a la altura.
La familia Bustíos no está pidiendo privilegios. Está pidiendo lo mínimo: que el duelo no sea eterno porque la impunidad siempre encuentra una puerta. Y si esa puerta se abrió desde lo más alto, entonces el problema no es jurídico: es moral. (Foto: La República).