Perú superó los 2,000 casos de extorsión en lo que va del 2026 y, si algo queda claro, es que el país ya no vive con miedo: vive administrándolo. Entre el 1 de enero y el 18 de febrero se registraron 2,099 denuncias, con Lima y La Libertad concentrando la mayor parte. No es un pico aislado: es una señal de que la extorsión dejó de ser “delito” para convertirse en sistema. Y este sistema tiene responsables políticos por omisión, incapacidad y cálculo. El legado desastroso de Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí no es solo la crisis institucional: es haber permitido que las mafias aprendan a gobernar la calle mientras el Estado aprendía a justificar su ausencia.
La extorsión hoy funciona como un impuesto criminal con recibo invisible. Se cobra por trabajar, por circular, por existir. Golpea a transportistas, comerciantes y familias, y se sostiene con un método simple: violencia selectiva, terror colectivo y la certeza de que denunciar puede salir más caro que pagar. En ese escenario, el Estado aparece como un visitante ocasional: llega cuando ya hubo disparos, cuando ya ardió un vehículo, cuando ya se paralizó una ruta.
Los números son el mapa del colapso. Lima Centro encabeza con 898 denuncias; La Libertad sigue con 399; luego Piura (177), Callao (89), Lambayeque (80), Ica (36), entre otras. Es decir, no hablamos de “casos” dispersos: hablamos de un fenómeno que se desplaza, se adapta y se expande. La extorsión no está creciendo “a pesar del Estado”, sino a costa del Estado, aprovechando su lentitud y su falta de coordinación real.
Y aquí entra el legado político. Con Castillo, el país se acostumbró al desgobierno como paisaje: un Estado sin dirección firme es un Estado que deja huecos. Con Boluarte, la promesa de estabilidad no se tradujo en control territorial ni en prevención efectiva: la ciudadanía siguió pagando cupos mientras el discurso se quedaba en “operativos”. Con Jerí, el poder se volvió ruido, escándalo y supervivencia, y cuando la política se dedica a sostenerse, abandona lo urgente. Resultado: el crimen se profesionaliza, el ciudadano se resigna y la economía formal se encoge.
El sector transporte lo resume con crudeza: disparos contra unidades, amenazas en video, cartas, exigencias diarias por trabajador o pagos exorbitantes por “inscripción”. En varios puntos, la extorsión decide horarios, rutas y cierres. Eso ya no es delincuencia común: es una forma de control social. Y cuando las mafias controlan rutas, también controlan barrios; y cuando controlan barrios, terminan controlando votos, mercados y silencios.
Superar los 2,099 casos en menos de dos meses no es una cifra: es una advertencia de Estado. El Perú no está solo enfrentando extorsionadores; está enfrentando una economía criminal que compite con el Estado por autoridad y territorio.
Reflexión final
El país no necesita más “pacificación” de discurso ni más indignación de ocasión. Necesita un quiebre real: inteligencia, persecución financiera, protección efectiva al denunciante y resultados medibles. Porque si Castillo, Boluarte y Jerí dejaron una herencia, es esta: un Perú donde el criminal cobra y el ciudadano paga; donde el miedo se vuelve rutina y el Estado, una promesa que llega tarde.