Setenta. En apenas las primeras semanas de 2026, el Perú ya registra 70 partos en niñas menores de 14 años. No es una cifra para informes técnicos ni un dato para “conmover” un día y olvidar al siguiente: es una señal de alarma nacional. Porque cuando una niña da a luz, el país entero fracasa antes: falló la protección, falló la prevención, falló la escuela, falló la salud, falló la justicia y falló la política. Y el fracaso es aún más grave porque llega después de la ley de 2023 que prohibió el matrimonio infantil. Se cerró la puerta legal, pero la realidad siguió entrando por la ventana.
La prohibición del matrimonio infantil fue un avance formal. Eliminó excepciones que permitían casarse desde los 14 años con autorización familiar o judicial. Sin embargo, estos 70 partos demuestran que la vulneración no dependía solo de un artículo del Código Civil: dependía de estructuras más profundas. El embarazo en niñas no surge de “decisiones tempranas”; suele estar vinculado a violencia sexual, coerción, desigualdad de género, pobreza, abandono y ausencia de servicios. Y esa realidad no se corrige con una norma aislada, sino con un sistema de protección activo.
El mapa regional agrava la preocupación. La mayor cifra se concentra en Lambayeque, seguida por Loreto, Junín y Ucayali. No es casualidad: son territorios donde confluyen brechas educativas, barreras para acceder a salud sexual y reproductiva, dificultades para denunciar, y redes de violencia que operan con una impunidad silenciosa. Allí, la niña no solo enfrenta al agresor; enfrenta también el miedo, la dependencia, el estigma y, muchas veces, la desconfianza en las autoridades.
Y hay un vacío que el Estado todavía no quiere mirar de frente: las uniones tempranas y forzadas. La ley prohibió el matrimonio infantil, pero el país no registra con claridad esas convivencias informales donde una menor queda atrapada con un adulto sin acta, sin control, sin supervisión y, por tanto, sin protección. Es una forma de “matrimonio sin registro”: invisible para las estadísticas, cómoda para los agresores, y devastadora para la víctima. ¿Cómo se combate un fenómeno que ni siquiera se mide con rigor?
El dato ampliado completa el cuadro: en lo que va del año, se han registrado 4,298 partos en menores de 19 años, y ninguno corresponde a parejas casadas. Eso desarma el viejo argumento de que el matrimonio “regulariza” o “protege”. No protege. El problema no es de formalidades: es de violencia y desigualdad. Y si el Estado llega tarde, la maternidad se convierte en sentencia anticipada: interrupción escolar, dependencia económica, riesgo de depresión y trauma, exposición a violencia física y psicológica, y una vida adulta impuesta cuando aún debería existir infancia.
A esto se suma una dimensión política inquietante: durante el debate legislativo de 2023, se escucharon afirmaciones que relativizaban las relaciones sexuales tempranas “si no hay violencia”. En un país donde la violencia sexual contra menores es una realidad persistente, esa frase no es ingenua: es peligrosa. Porque instala una idea que trivializa la asimetría de poder entre un adulto y una niña, y normaliza lo que debería ser intolerable.
Los 70 partos en niñas menores de 14 años no son un “rezago” inevitable: son un fracaso actual. La prohibición del matrimonio infantil fue necesaria, pero insuficiente. Sin educación sexual efectiva, servicios de salud accesibles, rutas de denuncia seguras, protección territorial y sanción rápida, la ley se vuelve un trofeo simbólico mientras la niñez sigue pagando el costo real.
Reflexión final
Un país que permite que una niña sea madre no tiene derecho a hablar de futuro con solemnidad. La pregunta ya no es si existe norma: la pregunta es si existe Estado. Y un Estado que llega después del daño no protege; administra tragedias. Si estas 70 niñas no nos obligan a actuar con urgencia, entonces habremos aceptado lo inaceptable: que la infancia peruana puede ser vulnerada sin que tiemble el poder, sin que se mueva la política, y sin que cambie nada. (Foto: Chihuahua).