Mañana miércoles, el Círculo de Periodistas Deportivos ofrecerá una conferencia de prensa para denunciar un hecho directo: la institución está secuestrada por usurpadores que buscan perpetuarse mediante argucias legales para seguir usufructuando del gremio. La cita es a las 12:00 m. en el Colegio de Periodistas de Lima (Lince).
Aquí no se discute una diferencia interna. Se denuncia una toma. Y cuando una institución gremial es tomada, lo que se captura no es solo un cargo: se captura su patrimonio e institucionalidad.
La denuncia tiene un núcleo gravísimo: los usurpadores quieren cambiar estatutos y mover las reglas de juego en una asamblea diseñada para blindar su permanencia. No es reforma. Es cerrojo. No es modernización. Es control. Cambiar el estatuto para quedarse no es gobernar: es apropiarse.
El Perú conoce esta modalidad de asalto: no entra por la fuerza, entra por el trámite. Se convoca, se firma, se “regulariza”, se invoca la norma. Y luego llega la frase con la que se pretende sepultar cualquier cuestionamiento: “todo es legal”. Pero lo legal puede ser manipulado cuando lo ético se elimina y los contrapesos se apagan. Esa es la jugada: capturar el gremio con papeles y sostenerlo con cansancio ajeno.
La palabra clave es usufructuar. Porque nadie se aferra por amor al servicio. Se aferra por los beneficios que permite el control: manejo interno, acceso a recursos, decisión sobre patrimonio, influencia y poder sin rendición de cuentas. Por eso el intento de perpetuidad no es un detalle: es la prueba del propósito. Quien se perpetúa no busca representar; busca mandar. Y quien manda sin control termina administrando una institución como botín.
El daño, además, es doble. Se golpea el patrimonio del gremio y se destruye la credibilidad del periodismo deportivo. ¿Con qué autoridad se exige transparencia a clubes, federaciones y dirigentes si la propia casa tolera la opacidad? Un gremio secuestrado no fiscaliza: sobrevive. Y cuando el periodismo solo sobrevive, el poder siempre gana.
La conferencia de mañana será un punto de quiebre: denuncia pública, sustento documental y acciones legales concretas. Porque un secuestro institucional no se resuelve con indignación: se resuelve con intervención y control.
Reflexión final
La alerta es urgente y el llamado no admite tibiezas. A las autoridades competentes —Ministerio Público, Policía, instancias registrales y administrativas—: no esperen a que el daño sea irreversible para recién “tomar conocimiento”. Cuando un gremio denuncia secuestro institucional y una maniobra para cambiar estatutos con fines de perpetuidad, corresponde actuar preventivamente: verificar convocatorias, revisar actas y firmas, auditar la legalidad de los acuerdos, cautelar el patrimonio y garantizar que ninguna argucia “formal” sirva para consolidar una usurpación. La demora, en estos casos, no es neutral: es una forma de facilitar el hecho consumado.
A los agremiados: la indiferencia es la alfombra roja del usurpador. El cansancio no puede ser coartada para entregar la institución. Hoy se exige presencia, vigilancia y firmeza: pedir auditoría independiente, rendición de cuentas, publicación de documentación y reglas claras. Un gremio que se deja tomar pierde más que un local o un cargo: pierde su voz y su dignidad.