Veintidós ríos amazónicos y sus afluentes contaminados por minería ilegal no es un “dato ambiental”: es una acusación directa contra el Estado. El informe citado por La República advierte que la actividad minera ilegal impacta 22 ríos en 32 distritos de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. No hablamos de una zona marginal: hablamos del corazón hídrico y cultural del país, del territorio donde el agua es carretera, alimento y vida. Y mientras las mafias dragan, el poder político titubea, improvisa o simplemente mira a otro lado. El saldo —desgobierno, indiferencia e incapacidad acumulada— se mide en riberas heridas y comunidades en riesgo.
La minería ilegal no solo extrae oro: extrae futuro. Lo que deja atrás no es “actividad económica”, sino charcos con mercurio, sedimentos removidos, vegetación arrancada y ríos convertidos en cicatrices. En la Amazonía, esto no es una metáfora: el río es el mercado, la escuela, el hospital más cercano. Contaminarlo es empujar a miles a elegir entre enfermedad y abandono.
El caso del río Nanay es el retrato perfecto de la derrota estatal. El MAAP documenta 841 dragas identificadas entre 2017 y 2025, y 275 solo en 2025. Cuando una economía ilícita opera con esa escala, no estamos ante “desborde”: estamos ante control territorial de facto, con logística, financiamiento y redes que sobreviven a cualquier operativo episódico. A eso se suma que la actividad se ubica en zonas cercanas a comunidades indígenas y áreas de conservación, es decir, donde el Estado debería estar doblemente presente.
Y, sin embargo, la respuesta oficial suele repetirse como ritual: anuncios, comisiones, interdicciones aisladas, y luego silencio. Mientras tanto, líderes indígenas alertan sobre mercurio por encima de límites y riesgos especialmente graves para mujeres embarazadas y niños. Si eso no amerita una política de emergencia integral, ¿qué la amerita?
Aquí lo mordaz es lo evidente: se ha permitido que el país naturalice lo intolerable. Se discute como si la Amazonía fuera un decorado distante, cuando en realidad es parte del soporte vital del Perú. La minería ilegal crece no solo por codicia criminal, sino porque el Estado llega tarde con alternativas productivas, servicios y justicia. Esa ausencia es el fertilizante perfecto para las mafias.
Veintidós ríos afectados no es un accidente: es el resultado de años de Estado débil, coordinación rota y prioridades invertidas. La minería ilegal ya no es “problema sectorial”; es una amenaza a la salud pública, a los derechos indígenas y a la soberanía real sobre el territorio.
Reflexión final
Un país que tolera ríos envenenados por mafias no pierde solo biodiversidad: pierde autoridad moral y capacidad de gobernarse. Si el Estado no pasa del operativo para la foto a una estrategia seria —control territorial, trazabilidad del oro, sanción efectiva y alternativas económicas sostenibles—, seguiremos viendo lo mismo: oro para unos pocos, mercurio para todos. (Foto: Mongabay).