Que un país cambie de primer ministro a última hora ya es grave. Que el primer ministro anunciado se entere por televisión de que fue descartado es todavía peor. Y que, además, el propio Hernando de Soto —quien iba a asumir la PCM— declare en RPP que el presidente José María Balcázar “está secuestrado”, no es una frase de sobremesa: es una acusación política que desnuda el clima de un Ejecutivo nacido entre presiones, cuotas y urgencias de supervivencia.
Esta editorial sostiene que el verdadero escándalo no es el cambio de nombre, sino la señal de fondo: un gobierno que aparenta autoridad, pero opera con miedo. Si el jefe del gabinete se define fuera de la lógica presidente–premier, y si un actor convocado a conducir afirma que hay “influencias” y que Balcázar cede a presiones, entonces el país no está ante una transición responsable, sino ante un Ejecutivo vulnerable a captura.
De Soto afirmó que aceptó conversar bajo una condición básica: no ser “pantalla” y concentrarse en asegurar elecciones limpias y transparentes. Dijo también que se había trabajado una lista, que existían acuerdos, y que el quiebre fue tan abrupto que se enteró del descarte por los medios. Esa forma de proceder no es “improvisación simpática”: es desorden institucional. Un Estado no puede pedir confianza si lo primero que exhibe es incapacidad para sostener su propia palabra.
Más aún: cuando De Soto explica el “secuestro”, no se refiere a una metáfora literaria. Habla de presiones, de influencias “cerronistas” y de intereses privados alrededor del Ejecutivo; y señala, como indicio de la atmósfera, que recibió “un par de decenas” de llamadas de César Acuña que no respondió para remarcar independencia. En democracia, el problema no es que existan llamadas: el problema es que el gobierno parezca gobernado por llamadas. Porque cuando la política se decide por insistencia telefónica, el mérito desaparece y el ciudadano queda reducido a espectador.
El daño no es abstracto. Un gobierno que empieza rompiendo un acuerdo clave inaugura un patrón: hoy se quiebra la lógica de la PCM; mañana se relativiza la conducción del gabinete; pasado mañana, se negocia la agenda pública como si fuera una lista de permanencias. Y en ese escenario, la nueva premier —Denisse Miralles— no arranca con autoridad propia, sino cargando el costo de un reemplazo de último minuto, en un gabinete que nace obligado a justificarse antes de gobernar.
Si Balcázar está “secuestrado”, como afirmó De Soto en RPP, el país no debería reaccionar con morbo, sino con exigencia: ¿quién presiona?, ¿quién veta?, ¿quién impone?, ¿quién gana con la incertidumbre? La transición no puede convertirse en excusa para el desgobierno. Un Ejecutivo que no se pertenece a sí mismo no puede pertenecerle a la nación.
Reflexión final
La democracia peruana no se deteriora solo por excesos autoritarios; también se pudre por algo más silencioso: gobiernos que administran presiones en vez de administrar el país. La frase “está secuestrado” debe incomodar precisamente por eso: porque sugiere que el poder real se mueve fuera del foco. Y cuando el poder real se vuelve invisible, la rendición de cuentas se vuelve imposible.(Foto: Andina).