El Perú no asistió a una recomposición de gobierno: asistió a una subasta. Lo que debía ser una señal de conducción en medio de la crisis terminó pareciéndose más a un cambalache de poder. Tras días de idas y contramarchas, el gobierno de José María Balcázar cerró su “novela” con un gabinete encabezado por Denisse Miralles, pero el libreto real no fue la gobernabilidad: fue la repartija. Y cuando un gabinete nace como reparto, no gobierna: administra cuotas.
El episodio del fallido premierato de Hernando de Soto fue el prólogo perfecto: anuncios oficiales, solemnidad rimbombante y, luego, el desplome. Un país que exige seguridad, economía y servicios básicos vio, en cambio, un papelón de alto nivel: el Estado comunicando una cosa, juramentando otra y dejando la impresión de que en Palacio no mandan los problemas del Perú, sino los acuerdos de última hora.
En ese contexto entra Denisse Miralles, con cuestionamientos sobre su etapa vinculada a Proinversión y el mecanismo de Obras por Impuestos, hoy criticado por su potencial para convertirse en una feria de “certificados” que permiten deducciones y que, bajo ciertas prácticas, podrían abrir espacios grises. El problema no es solo técnico: es político. En un país con historial de corrupción, cualquier herramienta que se mueva sin transparencia se vuelve tentación.
Pero la médula del asunto no está en un nombre: está en el mapa de poder. La percepción —repetida con insistencia en el debate público— es que el partido de César Acuña aparece conectado a ocho ministerios. Y si esa cifra es cierta o aproximada, lo grave no es el número: es el mensaje. Un gabinete diseñado por cuotas convierte el Estado en una torre de control para intereses partidarios. No se elige al más capaz, sino al más “útil”. No se prioriza la ejecución, sino el equilibrio de favores.
El resultado práctico es devastador: sectores críticos terminan siendo botines. Mientras se discute quién controla qué cartera, la gente sigue sin medicinas, sin servicios dignos y sin respuestas. El ejemplo que duele —y avergüenza— es el reportado desabastecimiento de insulina y otras medicinas en Essalud. Si un bloque político asume influencia y también hereda la responsabilidad, la pregunta es directa: ¿quién responde cuando el paciente no encuentra tratamiento? La repartija puede ser rentable en el Congreso; en el hospital es mortal.
Este gabinete no nace de un plan país, sino de una correlación de fuerzas. Y cuando la correlación manda más que la capacidad, el Estado se vuelve frágil, capturable y profundamente injusto.
Reflexión final
La repartija no es un escándalo anecdótico: es una forma de gobierno que normaliza el abuso del poder. Y un país que acepta ministerios como premio de negociación termina pagando con lo único que no se recupera fácil: confianza, institucionalidad y vidas. Si la política sigue creyendo que gobernar es repartir, el Perú seguirá siendo administrado como botín, no conducido como nación. (Foto: Exitosa).