El MEF aprueba S/ 435 millones para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y lo anuncia como si el país estuviera en condiciones de aplaudir sin preguntar. Pero en el Perú, cuando el Estado corre para transferir millones, la ciudadanía tiene derecho —y deber— de frenar el entusiasmo con una sola frase: primero rindan cuentas. Desde Lima 2019 seguimos esperando lo esencial: un informe público, completo, verificable, con costos finales, beneficios cuantificados, métricas de uso, impacto real en formación de talentos, retorno social y un balance sincero del “legado”. Sin números, el legado no existe: es literatura institucional.
La transferencia se justifica en logística, operación e infraestructura. Suena técnico, ordenado, impecable. Pero el país ya conoce el mecanismo: se aprueba el dinero con velocidad, se promete excelencia, se inaugura con luces… y el control aparece cuando el partido terminó. Y lo peor: se normaliza que las sedes se vuelvan cargas permanentes. El mantenimiento —silencioso, caro, constante— no tiene ceremonia, pero sí factura. Y cuando la factura llega, nadie recuerda al funcionario que firmó el entusiasmo.
La gran pregunta no es si Lima puede organizar: ya lo hizo. La pregunta es qué pasó después. ¿Cuántos atletas de alto rendimiento usan hoy esas instalaciones como centro de preparación constante? ¿Cuántas horas efectivas al mes están ocupadas por federaciones y programas formativos? ¿Cuántos niños y adolescentes de sectores populares acceden con regularidad? ¿Cuánto cuesta sostener la maquinaria? ¿Cuántas medallas, clasificaciones, récords, becas o talentos emergentes se pueden vincular con ese “legado” sin inflar cifras? Cuando no hay métricas públicas, la palabra “elefante blanco” deja de ser exageración y se vuelve advertencia.
Y si alguien cree que la crítica es “antideporte”, que recuerde el bochorno reciente: los Juegos Bolivarianos. Lo que debía ser una vitrina terminó como escándalo nacional e internacional: deportistas maltratados, improvisación, escenarios sin culminar, logística que parecía castigo. Ese episodio no fue un simple tropiezo: fue un síntoma de un Estado que organiza eventos como si fueran campañas de imagen y no compromisos serios con atletas y ciudadanía. Después del escándalo, el país no vio un cierre ejemplar con responsabilidades claras, sanciones visibles y auditorías comunicadas con transparencia brutal. Vimos lo habitual: ruido, excusas, silencio.
Entonces, la pregunta cae como martillo: ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde están los organismos de control cuando los millones se sueltan con una confianza que el Estado no se ha ganado? Control concurrente real, alertas tempranas públicas, auditorías comprensibles, seguimiento de contratos, cumplimiento de hitos, penalidades por incumplimiento. No comunicados tibios. No PDFs enterrados. Control que se sienta.
Y aquí está el elefante político caminando por la sala: Lima 2027 fue un salvavidas narrativo. Dina Boluarte se comprometió con el evento en medio del desgobierno y la crisis de legitimidad. El megatorneo sirve para fabricar épica barata: “Perú vuelve al centro”, “deporte une”, “fiesta continental”. Pero una fiesta no tapa hospitales sin medicinas, colegios que se caen, anemia y desnutrición infantil, pobreza extrema. El evento es útil para el poder porque cambia el tema del día; no porque cambie la vida del país.
Y como si no bastara, ya asoma el horizonte de Lima 2029 en el circuito deportivo regional. El riesgo es evidente: acumular eventos sin acumular cuentas. Cambiar de fecha pero repetir la misma cultura: plata rápida, control lento, memoria corta.
S/ 435 millones pueden ser inversión o pueden ser otra temporada del mismo teatro. Sin rendición de cuentas de Lima 2019 y sin aprender del desastre de los Bolivarianos, Lima 2027 no se ve como apuesta deportiva: se ve como operación política con presupuesto público.
Reflexión final
Llamado frontal y sin rodeos: MEF, IPD, Contraloría y Congreso deben poner condiciones que hoy no existen o no se cumplen con rigor público:
1.- Rendición de cuentas integral de Lima 2019 con métricas verificables (uso, impacto, costos, beneficiarios).
2.- Tablero público de ejecución Lima 2027: contratos, proveedores, hitos, cronograma, avances mensuales y penalidades.
3.- Control concurrente visible y comunicable, con alertas en tiempo real y responsabilidades.
4.- Metas deportivas obligatorias: acceso formativo, programas permanentes, uso federativo real, resultados medibles.
Y llamado: no acepten el chantaje emocional del “orgullo”. El deporte merece inversión, sí, pero el país merece primero verdad. Porque cuando el poder usa Panamericanos para tapar el desgobierno, lo que se organiza no es un torneo: se organiza una coartada.