José María Balcázar ha decidido “hacer algo” frente a la inseguridad. ¿Qué algo? Lo de siempre: estado de emergencia. Treinta días, restricciones de derechos, patrullaje con apoyo militar y el discurso clásico de “recuperar el orden”. Suena firme. También suena conocido. Y ese es el problema: el Perú ya vivió esta película con Dina Boluarte y con José Jerí, y el final fue el mismo: más miedo en las calles, más extorsión, más homicidios y más decretos. Si la emergencia fuera solución, Lima y Callao serían hoy la ciudad más segura del continente. Pero no: siguen siendo la vitrina del fracaso.
El estado de emergencia se ha convertido en el analgésico político preferido: calma por horas en televisión, pero no cura la enfermedad. Restringe tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio; multiplica operativos y controles; promete “inteligencia”. Pero sin un Plan Nacional de Lucha contra la Delincuencia —serio, público, medible y sostenido—, la emergencia es apenas un show con uniforme.
¿De qué sirve prohibir dos adultos en moto si el crimen organizado se mueve por redes, financiamiento, corrupción y logística? ¿De qué sirve patrullar más si los penales siguen funcionando como centros de coordinación, si las armas siguen circulando, si la extorsión se cobra con disciplina empresarial y el Estado responde con improvisación burocrática?
La historia reciente es una advertencia escrita con sangre: se decretaron emergencias, se ampliaron emergencias, se repitieron emergencias… y el delito aprendió a convivir con ellas. La criminalidad no se asusta con un decreto; se adapta. Cambia rutas, horarios, métodos. Mientras el Estado opera por “30 días”, las mafias operan por 30 meses. Y cuando se acaban los 30 días, el gobierno anuncia “nueva emergencia” como quien reinicia el router esperando que internet vuelva: una fe tecnológica aplicada a un problema estructural.
Además, cada emergencia trae una factura democrática: el ciudadano recibe restricciones, pero no recibe resultados verificables. Se pide ceder derechos sin entregar un balance serio de capturas, desarticulaciones, decomisos, sentencias y reducción real de homicidios y extorsiones. La “mano dura” termina siendo mano dura con el ciudadano común y mano blanda con las estructuras que realmente mandan.
Declarar estado de emergencia sin plan integral es gobernar a punta de titulares. No es estrategia: es repetición. Y repetir lo que ya fracasó no es mala suerte; es decisión.
Reflexión final
Si Balcázar quiere diferenciarse de las gestiones pasadas, no necesita más decretos: necesita rendición de cuentas. Metas semanales, indicadores públicos, intervención penitenciaria, golpe financiero a bandas, inteligencia operativa real y un comando unificado con responsabilidades claras. Porque si el Estado insiste en llamar “solución” a lo que ya no funciona, el país no entra en emergencia: entra en costumbre. Y cuando el fracaso se vuelve costumbre, el crimen gana sin disparar. (Foto: LR).