Los estados de emergencia se han convertido en el comodín preferido de los gobiernos cuando la inseguridad desborda su capacidad de gestión. Se anuncian con tono grave, se publican con urgencia, se acompañan de despliegues y restricciones, y se venden como “mano dura”. Pero la realidad —que no firma decretos ni respeta conferencias de prensa— deja un balance demoledor: en Lima y Callao se registraron 284 homicidios durante el estado de emergencia. Si eso es “recuperar el control”, entonces el Estado está administrando su derrota en cuotas mensuales.
Los números hablan con brutal claridad. Del total de homicidios, 224 (78.9%) fueron perpetrados con proyectil de arma de fuego. La violencia no solo persiste: se profesionaliza, se acelera y se normaliza. Además, el mapa de la muerte concentra el problema donde la política suele mirar tarde: Lima Norte (82) y Lima Este (70) lideran los registros, seguidas por Lima Sur (46), Callao (52) y Lima Centro (34).
El dato que algunos intentarán usar como escudo es que, comparado con los cuatro meses previos sin emergencia (302 homicidios), hubo 6% menos (-18). Pero esa lectura es mezquina: no se puede presentar como éxito una “reducción” que sigue dejando casi trescientas familias destrozadas. Y peor: el propio análisis advierte que hubo muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas/sin registro”, lo que puede significar un número real mayor. Cuando el crimen dispara y el Estado clasifica, el ciudadano entiende quién va ganando.
Esta editorial sostiene que el estado de emergencia, aplicado como reflejo automático y no como parte de una estrategia integral, es un fracaso: restringe derechos, produce titulares, pero no garantiza seguridad. Es una medida excepcional que, mal usada, se vuelve rutina. Y una rutina de emergencia es, por definición, un Estado sin conducción.
El decreto suele incluir suspensión o restricción de derechos vinculados al domicilio, tránsito, reunión y seguridad personal; además, impone controles a eventos masivos. Pero el problema central no son los ciudadanos reuniéndose: es el crimen organizado cobrando cupos, la extorsión dictando horarios, y el sicariato imponiendo su ley.
El punto crítico es que el estado de emergencia, sin inteligencia efectiva y sin investigación criminal robusta, termina siendo un operativo de presencia, no un operativo de resultados. Aumenta patrullaje, pero no necesariamente aumenta capturas relevantes. Controla calles, pero no controla armas. Militariza la escena, pero no desmantela economías delictivas. Y, mientras tanto, la ciudadanía asume el costo: más controles, más restricciones, más sensación de vivir bajo sospecha… mientras los verdaderos actores violentos siguen moviéndose con libertad.
Un estado de emergencia no puede medirse por su intención, sino por su efecto. 284 homicidios durante su vigencia no es un “problema pendiente”: es una evidencia de que la política de seguridad está fallando. Y cuando falla, no debería repetirse como receta; debería corregirse con urgencia y transparencia.
Reflexión final
Si el Estado necesita declarar emergencia para “intentar” controlar la ciudad y aun así la ciudad sangra, el problema no es el decreto: es la ausencia de una estrategia seria. El Perú no requiere más emergencia para los ciudadanos; requiere emergencia de gestión para quienes gobiernan. Porque la violencia no se combate con frases firmes, sino con resultados que hoy —a la luz de 284 homicidios— no llegan.