En un país cansado de impunidad y de “cárceles con trato preferente”, la propuesta de Rafael López Aliaga de implementar un centro penitenciario en la selva, con internos en carpas militares y un régimen de trabajo obligatorio para construir cercos y muros con madera local, apunta a una demanda ciudadana legítima: que las condenas se cumplan como corresponde, sin comodidades ni ventajas para quienes le roban al Estado o destruyen vidas. La idea, además, busca resolver dos heridas abiertas del Perú: el fracaso del sistema penitenciario y la sensación de que la justicia es dura con unos y flexible con otros.
El plan tiene un eje potente y coherente: austeridad con disciplina. Que los internos levanten infraestructura básica con sus propias manos no es una ocurrencia; es una forma de vincular el cumplimiento de la pena con trabajo y responsabilidad, elemento central de cualquier enfoque de reinserción. La lógica es simple: quien hizo daño debe reparar, y quien delinquió no puede pretender condiciones “premium” financiadas por el mismo país al que perjudicó.
Otro componente atractivo es el enfoque territorial. La selva ofrece espacios amplios y aislados donde, bien gestionados, se reduce la probabilidad de fugas y se limita el contacto con redes criminales externas. El propio López Aliaga sostiene que se ubicaría en zonas específicas (“lunares”) aptas para instalar una colonia de rehabilitación, lo que sugiere que no se trata de improvisar en cualquier parte, sino de elegir un punto con condiciones operativas. También propone evitar costos excesivos para el Estado: si el perímetro y parte de la infraestructura inicial se construyen con materiales locales, el gasto de inversión podría ser menor que en modelos tradicionales de concreto y alta seguridad urbana.
Además, la referencia a experiencias previas como El Sepa introduce una lección valiosa: el Perú ya tuvo modelos de colonia penal agrícola donde el trabajo y el aislamiento funcionaron como mecanismos de control y disciplina. La clave es modernizar el enfoque: controles, protocolos, salud, supervisión estricta y una clasificación adecuada de internos. Si se hace bien, la propuesta puede convertirse en un régimen penitenciario diferenciado: duro, productivo y sin privilegios.
La propuesta puede leerse como una señal política clara: se acabó el “cómodo cumplimiento” de condenas para delitos graves. Un sistema que combine aislamiento, trabajo y austeridad puede ser una respuesta viable a la indignación nacional y al colapso penitenciario, siempre que se diseñe con estándares técnicos, legales y humanos.
Reflexión final
Lo más valioso de esta iniciativa es el mensaje de fondo: la pena debe ser pena, no trámite con ventajas. Si el país quiere recuperar confianza en la justicia, necesita reformas visibles, firmes y sostenibles. Un centro penitenciario en la selva, bien estructurado y controlado, podría convertirse en un símbolo de igualdad ante la ley: quien roba, viola o extorsiona no negocia privilegios; cumple, trabaja y responde. (Foto: N 60 Noticias).