Que una ministra cargue con una denuncia por presunto maltrato laboral no es “ruido mediático”: es un problema de Estado. Más aún cuando el caso —según la información difundida— involucra a cinco trabajadores que reportaron hostilidad y afectación a la dignidad durante su paso por el Inabif, y cuando el proceso administrativo sigue abierto.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no es un ministerio cualquiera: trabaja con población vulnerable, con programas que exigen liderazgos éticos, equipos cohesionados y un estándar mínimo de trato humano. Si la cabeza política de ese sector arrastra cuestionamientos de este tipo, la señal hacia abajo es tóxica: “aquí el poder pesa más que las personas”. Y la cultura institucional se deforma: se normaliza la humillación, se castiga al que habla, se premia al que calla.
El punto no es solo la denuncia. El punto es cómo reacciona el sistema ante la denuncia. Reportes periodísticos señalan que, dentro del Inabif, se habría removido a Blanca Mariela Castro Cuba, quien llevaba la investigación administrativa, pocos días después de la llegada de Lily Vásquez al Midis; y que la decisión habría sido ejecutada por Stefanie Díaz Quiroz, directora ejecutiva del Inabif. Si esto es así, no estamos ante una anécdota burocrática: estamos ante el síntoma clásico de un Estado que se protege a sí mismo antes que a la verdad.
El “argumento” que no alcanza (presunción de inocencia ≠ inmunidad política)
Es previsible que el Gobierno se refugie en la frase comodín: “hay que respetar la presunción de inocencia”. Correcto. Pero la presunción de inocencia no equivale a blindaje político, ni convierte en aceptable que una autoridad permanezca intocable mientras el expediente se estira, se enfría o se enreda. En el terreno del servicio público, la ética no espera sentencia: exige conducta, transparencia y rendición de cuentas.
Aquí el deber de respuesta no recae solo en la ministra. Recae también en el presidente José María Balcázar y en la premier Denisse Miralles: si el Ejecutivo pretende recuperar autoridad, debe demostrar que el gabinete no es un refugio de controversias, sino un espacio de idoneidad. Y recae en el propio Consejo de Ministros, donde ya se ha instalado una peligrosa resignación: “todos tenemos denuncias”. Esa frase —atribuida públicamente a un ministro— no es realismo; es normalización del deterioro.
Una investigación hasta diciembre de 2026 es, en la práctica, una eternidad administrativa. El país no puede aceptar que el estándar para dirigir políticas sociales sea: “esperemos a ver qué pasa”. Si el Ejecutivo quiere credibilidad, tiene dos caminos: o transparenta el estado del proceso, garantiza protección a denunciantes y explica los movimientos internos; o la ministra da un paso al costado mientras se esclarecen los hechos.
Reflexión final
Un Estado que tolera el maltrato dentro de sus oficinas termina tolerando el abuso fuera de ellas. Y cuando la dignidad laboral se vuelve negociable, la democracia se vuelve decorativa. (Foto: Presidencia).