La captura de Lupe Zevallos, hermana del fundador de Aerocontinente, no es solo una nota policial: es un espejo incómodo. Fue condenada a 25 años por lavado de activos y, aun así, logró permanecer prófuga desde 2019 hasta hoy, cuando finalmente fue intervenida en San Borja. Si esto no enciende alarmas, entonces el problema no es el crimen: es la tolerancia del Estado a su propia ineficiencia.
Aquí no hay épica. Hay una pregunta básica: ¿cómo se explica que una persona con sentencia tan grave haya tenido margen para fugarse y sostener su clandestinidad durante años? No se trataba de una desconocida sin rastro. Estuvo en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y se ofrecían S/ 100,000 por información para ubicarla. Es decir, el país sabía que la buscaba… pero el sistema actuaba como si la búsqueda fuera un trámite burocrático más, de esos que se archivaban con paciencia.
Los detalles del caso agravan la sensación de bochorno institucional. Según los reportes, Zevallos registró 102 movimientos migratorios entre 1998 y 2018, con viajes frecuentes a varios países. Ese dato no condena por sí mismo, pero desnuda una realidad: estamos frente a una persona con historial de desplazamientos, redes y posibilidades. Y aun así, el Estado peruano recién logra cerrar el círculo en 2026. La pregunta inevitable cae por su propio peso: ¿de qué vivió durante la fuga?, ¿quién la protegió?, ¿qué falló —o qué se dejó fallar— en los controles?.
También está el capítulo que el país no debería normalizar: la fuga “con permiso”. La versión difundida durante años es que la sentenciada salió de la audiencia antes de la lectura final del fallo y no regresó. Si esa escena es real, no es “una anécdota”: es un síntoma. Porque cuando una sala judicial permite que una condena se convierta en puerta de salida, el mensaje para el crimen organizado es nítido: el sistema es vulnerable, y a veces hasta ingenuo.
Y mientras tanto, la reparación civil —reportada en S/ 500 millones— sigue siendo otro recordatorio de que en el Perú el castigo suele ser selectivo: rápido para algunos, negociable o postergable para otros. La captura recién abre la otra mitad del caso: rastreo patrimonial, financiamiento de la clandestinidad y posibles encubrimientos. Si eso no se investiga, el operativo se reduce a show.
Capturar a una prófuga condenada es lo mínimo. Lo verdaderamente urgente es explicar por qué el Estado tardó tanto y qué candados se van a corregir para que esto no vuelva a ocurrir.
Reflexión final
La justicia que llega tarde no es justicia completa: es un recordatorio de que, durante años, alguien vivió con ventaja sobre la ley. Hoy cayó Lupe Zevallos. Falta que caiga lo más resistente: la red de omisiones, lentitudes y complicidades pasivas que convierten la impunidad en una costumbre nacional. (Foto: Lima Gris).