Al Perú le han vuelto a jalar las orejas desde fuera. No por deporte, no por exageración, sino porque aquí seguimos practicando una disciplina olímpica: negar lo evidente hasta que un tribunal internacional lo escriba con letra grande. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por la esterilización forzada y la muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en 1997, bajo el programa estatal ejecutado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y la sentencia no solo habla de una tragedia: habla de un patrón, de una estructura y de una impunidad tan peruana que ya debería estar inscrita como patrimonio.
En el relato oficial de aquellos años —ese que aún se intenta maquillar con el barniz de “eficiencia” y “orden”— la planificación familiar fue presentada como modernidad. Pero la modernidad no se construye apretando el cuerpo de las mujeres vulnerables como si fuera un botón de ahorro fiscal. Celia Ramos no es “un caso lamentable”: es el rostro de lo que ocurre cuando una política pública se convierte en maquinaria, cuando la meta numérica pesa más que la vida humana, y cuando el consentimiento se reduce a una firma arrancada con presión, miedo o engaño.
La Corte fue clara: el Estado no solo falló, violó derechos. Y lo hizo en un contexto donde se empujó la esterilización masiva, dirigida de manera desproporcionada a mujeres pobres, rurales e indígenas. Es decir, el mensaje era simple aunque nadie lo dijera en voz alta: “tu maternidad estorba, tu pobreza incomoda, tu vida es un dato estadístico”. Un programa que, con el pretexto de salud, terminó pareciéndose demasiado a un mecanismo de control social.
Y luego vino lo peor: la segunda muerte, la que ocurre cuando el Estado decide que el tiempo es su mejor abogado. Investigación tardía, archivamientos, reanudaciones, acuerdos que diluyen responsabilidades, expedientes que caminan como tortuga con sueño. La justicia peruana, cuando se trata de ciudadanos sin poder, se vuelve experta en estirar el calendario hasta que la indignación se canse. Porque aquí la impunidad no siempre se decreta: muchas veces se administra.
A la familia de Celia no solo le arrebataron una vida; le arrebataron la verdad, la explicación, la dignidad mínima de saber qué pasó y por qué nadie pagó las consecuencias. Y ese daño —subraya la sentencia— no termina con la muerte de la víctima: se multiplica en hijas, esposo, madre, en años de duelo sin respuesta, en la certeza de que el Estado puede fallar y, además, puede darse el lujo de no rendir cuentas.
Esta condena no es un capítulo viejo reabierto por nostalgia. Es una advertencia incómoda: cuando el Estado cruza la línea y el país lo normaliza, la herida se vuelve sistema. Y esa herida aún supura porque la impunidad prolongada no fue un error técnico: fue una decisión política sostenida por silencios, omisiones y conveniencias.
Reflexión final
El debate real no debería ser si “mancha” a un gobierno o a un apellido. El debate es más duro: qué clase de Estado somos cuando la vida de una mujer vulnerable vale menos que un indicador de gestión. La Corte ya lo dijo: fue esterilización forzada, fue violencia, fue responsabilidad estatal. Ahora le toca al Perú dejar el teatro del “ya pasó” y asumir lo único que sirve: verdad, reparación y garantías reales de no repetición. Porque si necesitamos que el mundo nos condene para aceptar lo obvio, entonces el problema no es solo el pasado: es la cultura de poder que todavía se cree con derecho a decidir sobre cuerpos ajenos… y a escapar de la cuenta. (Foto: Wayka – Alfredo Velarde).