La pregunta no es jurídica —porque la ley hoy lo permite—, sino política y moral: ¿debería un expresidente censurado volver al Congreso como si la censura hubiese sido solo un cambio de asiento? Si la censura existió para sancionar una conducta y proteger al país, su efecto se diluye cuando el censurado recupera, intacta, la misma plataforma de poder. Y eso no es “normalidad democrática”: es normalización del descaro.
José Jerí fue censurado el 17 de febrero en un pleno extraordinario donde se aprobaron siete mociones. Dejó la jefatura del Estado y, sin mayor explicación pública, retomó sus funciones parlamentarias al inicio de la última legislatura 2021–2026. Entró, saludó, se rodeó de colegas y evitó declarar. Ese silencio no es prudencia: es cálculo. En política peruana, callar suele ser la manera más barata de “pasar página” sin rendir cuentas.
La censura, en teoría, es una sanción política severa. En la práctica peruana, parece una suspensión temporal de la vergüenza. Porque el problema no es que Jerí vuelva: el problema es que vuelva sin un solo acto mínimo de responsabilidad pública. Un país que tolera eso enseña dos lecciones peligrosas:
1.- que el poder no se pierde, solo se reubica; y
2.- que la sanción no corrige, solo redistribuye posiciones.
El Congreso, además, no es un club privado donde uno regresa tras “un mal rato”. Es el primer espacio de representación nacional. Si una censura separa a alguien del Ejecutivo por razones políticas y éticas, permitir su retorno automático al Parlamento transmite una señal corrosiva: aquí no hay consecuencias, solo rotación.
Este medio sostiene que, aunque Jerí pueda volver legalmente, no debería hacerlo sin asumir responsabilidades políticas claras. La legitimidad no se hereda del reglamento: se gana con conducta. Y un censurado que retorna sin explicaciones, sin rendición de cuentas, sin siquiera enfrentar preguntas, no vuelve como representante: vuelve como síntoma de un sistema que premia la impunidad por cansancio ciudadano.
El caso revela un vacío urgente: el Perú necesita una reforma que establezca impedimentos temporales para quienes han sido censurados o vacados, de modo que no sigan ejerciendo poder público inmediato como si nada. No es proscripción: es estándar democrático. También debe obligarse a mecanismos de transparencia y comparecencia pública mínima ante el Parlamento y el país.
Cierre y reflexión final
¿Debería volver Jerí al Congreso? Si la democracia es solo legalidad, sí. Pero si la democracia también es ética pública, responsabilidad y decencia institucional, la respuesta es no —al menos no de esta manera. Porque cuando un censurado regresa sin explicar nada, no retorna una persona: retorna el mensaje más tóxico para el Perú: que la política puede fallar, caer… y aun así seguir cobrando, legislando y decidiendo sobre todos. (Foto: El Comercio).