Hay titulares que incomodan porque describen lo que un Estado decente jamás permitiría. Desabastecimiento de insulina pone en peligro de muerte a niños y jóvenes con diabetes. No es una frase “fuerte” para ganar clics: es la traducción exacta de una realidad clínica. La diabetes tipo 1 no negocia con trámites, no espera licitaciones, no entiende de cambios de gabinete. Exige insulina todos los días. Sin interrupción. Y cuando el sistema público no la garantiza, no estamos ante un error administrativo: estamos ante una forma de abandono. Una vergüenza nacional.
La dimensión del problema es brutal. En el Perú, alrededor de 20.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 dependen de la insulina para sobrevivir. Muchos son niños y jóvenes. La frase de Mónica Portal, presidenta de la ONG Lucas – “Una Misión de Vida”, no debería quedar en una cita de prensa, sino en la conciencia de cada autoridad: “Si falta la insulina, simplemente te mueres”. Punto. No hay “plan de contingencia” que valga después del daño.
Según lo denunciado, el quiebre se agravó desde diciembre de 2025, cuando Digemid ordenó el retiro e inmovilización de la insulina Wosulin-N por no cumplir estándares mínimos de calidad. Retirar un medicamento que no es seguro puede ser correcto. Lo escandaloso es que el Estado actúe como si retirar fuera el final de la historia y no el inicio de una obligación mayor: reemplazar inmediatamente con alternativas validadas, sostener el stock y asegurar continuidad terapéutica.
Porque aquí está el punto que irrita —y debe irritar—: no se trata de un medicamento “importante”. Se trata de un medicamento vital. La insulina no es un analgésico que se puede cambiar por otro. Es el corazón del tratamiento. Sin ella, el cuerpo entra en descompensación, aparecen emergencias por hiperglucemia y cetoacidosis, crecen las hospitalizaciones evitables, y la vida se vuelve una ruleta cruel, especialmente en población pediátrica.
Los reportes de escasez en regiones como Cusco, Arequipa, Tacna y Trujillo, y la falta también en establecimientos de Lima, dibujan un país fragmentado: el que tiene dinero busca soluciones privadas; el que depende del sistema público queda a merced de la incertidumbre. Y esa desigualdad, en salud, no es “ineficiencia”: es una forma de violencia institucional. No se puede hablar de “cobertura” cuando se rompe lo más básico: el suministro continuo de un fármaco de supervivencia.
Las asociaciones han sido claras en su exigencia: organización inmediata y una compra masiva que abastezca EsSalud y el SIS. También han señalado un detalle que desnuda la improvisación: las compras pequeñas no resuelven el problema, solo lo estiran unos días y lo repiten como castigo. Peor aún: si la producción puede tardar 2 a 3 meses, entonces cada semana de dilación no es un retraso; es una decisión que multiplica el riesgo.
Y aquí es donde corresponde la crítica política —sobria, pero afilada—: el país arrastra una inercia de años donde los sectores esenciales se administran como si fueran cajas chicas, con directivos que rotan, decisiones que se postergan y responsabilidades que se diluyen. Cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero el paciente sigue con la misma pregunta: “¿Hay insulina o no?”. El Estado peruano parece rápido para la foto y lento para el suero.
Más grave todavía: esta crisis deja al descubierto la ausencia de una política mínima de stock estratégico para medicamentos críticos. Si el retiro de un producto por calidad puede tumbar el abastecimiento nacional, entonces no existe un sistema robusto; existe una cuerda floja. Y cuando esa cuerda se rompe, no cae un indicador: caen personas.
Un Estado que no puede garantizar insulina para sus niños no está “en problemas”: está fallando en su deber más elemental. No hay estabilidad macro, ni narrativa de crecimiento, ni propaganda que maquille lo esencial: la salud pública se mide en continuidad, no en discursos.
Reflexión final
La salida no puede ser otra reunión más ni otro comunicado tibio. Se requiere un plan de emergencia con cronograma público: compras masivas, contratos con proveedores confiables, distribución regional priorizada, transparencia de stocks en tiempo real y mecanismos de contingencia que no dependan del escándalo mediático. Y aquí el llamado debe ser directo: que intervenga la Defensoría del Pueblo para vigilar derechos, que la Contraloría supervise adquisiciones y tiempos, y que el Minsa, EsSalud y Digemid rindan cuentas con claridad: qué hay, qué falta, cuándo llega y quién responde.
Porque si el Perú normaliza que un niño con diabetes viva al filo de la escasez, entonces la enfermedad no es la única amenaza. La otra —la más constante— se llama indiferencia. Y esa también mata.