Cuando un Congreso decide que la verdad debe discutirse a puerta cerrada, no está cuidando un proceso: está cuidándose a sí mismo. Lo ocurrido el 5 de marzo —cuando se frustró el pedido para que el informe final de la comisión investigadora sobre irregularidades en licitaciones y obras de empresas chinas se debata de manera pública— no es un detalle reglamentario. Es una señal política: la transparencia sigue siendo opcional cuando incomoda a los poderosos.
La cuestión previa para levantar la reserva del informe y permitir un debate público no alcanzó los votos necesarios. Se requerían 66, pero solo se consiguieron 49. La bancada fujimorista votó en contra con ocho congresistas: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Auristela Obando, Jeny López, Magally Santisteban, Patricia Juárez, Tania Ramírez y Martha Moyano. A ello se sumaron nueve abstenciones, mayoritariamente de Perú Libre, entre ellas las de María Agüero, Flavio Cruz e Isaac Mita, que terminaron de sellar el candado. Resultado: el debate del informe será reservado, tal como anunció el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
La palabra “reservado” suena técnica, casi inocente. Pero en la práctica, suele traducirse en lo de siempre: información relevante fuera del escrutinio ciudadano, decisiones sin costo público y un Parlamento que exige confianza mientras restringe la posibilidad de fiscalizarlo.
La justificación más explícita vino de Martha Moyano, quien sostuvo que abrir el informe sería “hacer un circo” y que podría “caer el proceso” si se hacía público, al tratarse de un documento que iría a instancia judicial. Ese argumento —presentado como prudencia— tiene una grieta de fondo: confunde publicidad con sabotaje. La transparencia no destruye investigaciones; lo que las destruye es la informalidad, la negligencia y la manipulación política del procedimiento.
Más aún: si el informe es sólido, debatirlo públicamente debería fortalecer su legitimidad. Y si no lo es, justamente por eso debe exponerse. La reserva permanente se convierte, entonces, en una zona gris perfecta: ni se corrige lo débil, ni se presiona para actuar sobre lo fuerte.
El propio caso investigado arrastra antecedentes inquietantes. Se ha reportado que, tras el escándalo de grandes tramas de corrupción en obras públicas, empresas chinas y entidades bancarias vinculadas a ese país ganaron espacio en licitaciones. Se habla de contratos por más de 10 mil millones de soles en sectores como transporte y comunicaciones, de obras abandonadas tras adelantos y de firmas con cuestionamientos administrativos o tributarios. Si ese es el tamaño del asunto, discutirlo en reserva no es “cautela”: es opacidad institucional.
Lo que el país vio el 5 de marzo fue un Congreso que, ante una investigación sensible, prefirió el cuarto cerrado antes que el debate abierto. Y eso deteriora la credibilidad de cualquier informe, incluso antes de leerse.
Reflexión final
Un Parlamento que bloquea la luz pública sobre grandes contrataciones no protege al Estado: lo debilita. La ciudadanía no pide “circos”; pide reglas claras, nombres claros y responsabilidades claras. Y en un país cansado de obras fallidas, adelantos evaporados y comisiones que no cambian nada, la reserva no es una garantía: es el primer paso para que el informe termine donde tantos otros terminan… en el archivo de la impunidad. (Foto: LR).