Trujillo amaneció otra vez con el mismo libreto: música, gente buscando un respiro, y una explosión que devuelve al país a su realidad más cruda. En la madrugada del sábado 7 de marzo, un artefacto detonó en la discoteca Dalí, en Víctor Larco Herrera, durante un concierto de Amor Rebelde, dejando 33 heridos. Cinco, en estado grave. Entre los afectados, tres menores de edad.
La escena no solo habla de un atentado: habla de un Estado que reacciona tarde y gobierna menos que el miedo. La explosión se reportó alrededor de las 3:30 a. m. y los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad, con diagnósticos que incluyen contusión pulmonar, heridas por esquirlas y traumas severos que obligaron a cirugías de emergencia. En cualquier país funcional, un ataque así activaría una respuesta política inmediata, con medidas verificables y responsables identificables. Aquí, lo que suele activarse es el discurso.
Porque la delincuencia ya no “golpea”: administra territorios. Y cuando las organizaciones criminales se sienten con capacidad de detonar explosivos en un local nocturno lleno, lo que están diciendo es simple: pueden hacerlo. Ese mensaje no se desarma con comunicados, ni con operativos para la foto, ni con el comodín desgastado del “estado de emergencia”, que en la práctica se ha vuelto un cartel de “se atiende por turnos”: dura unos días, se anuncia con solemnidad y luego la violencia continúa como si nada.
El problema es de continuidad y de responsabilidad política. Las gestiones de Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí dejaron un país sin una estrategia coherente de seguridad: fragmentada, reactiva y, demasiadas veces, centrada en el titular y no en el resultado. Y si hoy José Balcázar gobierna, lo hace sobre ese terreno minado sin mostrar, hasta ahora, un giro serio que se pueda medir en menos extorsión, menos armas, menos impunidad. La ciudadanía no necesita promesas de “mano dura” en temporada de crisis; necesita inteligencia, investigación, control de armas, protección a testigos, patrullaje con objetivos, persecución financiera y fiscales respaldados, no abandonados.
Trujillo no es un accidente: es un termómetro. La violencia se expandió y se normalizó. Y lo más peligroso de la normalización no es el miedo: es la resignación.
El atentado en Dalí no es solo un hecho lamentable. Es una evidencia de que el país está discutiendo protocolos mientras el crimen está ejecutando planes. Y cuando el Estado llega tarde, el delito llega primero.
Reflexión final
Si un concierto termina en explosión y el sistema responde con rutinas gastadas, la pregunta no es “qué pasó”, sino qué se dejó de hacer durante años. Porque la delincuencia no “gobierna” por magia: gobierna cuando el poder político confunde seguridad con anuncios y emergencia con improvisación. Y ese costo —en cuerpos heridos y vidas al límite— ya lo está pagando la gente. (Foto: Pixabay).