La campaña hacia las Elecciones 2026 ya no solo exhibe promesas, eslóganes y sonrisas prefabricadas: exhibe, también, un dato que debería avergonzar al sistema político en pleno. Al menos 51 candidatos al próximo Congreso bicameral registran sentencias por violencia familiar. No se trata de rumores ni de adjetivos: es información consignada en sus declaraciones juradas y revisada en un informe periodístico.
Si la política pretende presentarse como solución, ¿cómo explica que en sus listas se cuelen —o se toleren— perfiles sentenciados por agredir en el espacio más íntimo, donde se supone que empieza la ciudadanía: el hogar? El país discute seguridad, educación, derechos y convivencia; y, al mismo tiempo, permite que quienes ya quebraron esa convivencia intenten legislarla.
El reporte señala que el partido con más candidatos sentenciados por violencia familiar es Alianza para el Progreso (APP), con 13 postulantes (11 a Diputados y 2 al Senado).
Luego aparecen diversas agrupaciones con cifras menores, pero el problema no es matemático: es institucional. Además, el informe agrega un segundo bloque todavía más corrosivo: otros 186 candidatos con sentencias vinculadas a familia y alimentos buscan una curul.
Y ahí la pregunta se vuelve más incómoda: ¿qué clase de representación puede ofrecer un Parlamento con aspirantes que arrastran sentencias por violencia y por incumplimientos que afectan directamente a familias y menores? No es moralismo: es legitimidad.
El problema de fondo es el mensaje. Cuando el sistema electoral y los partidos aceptan estas candidaturas, el país recibe una señal peligrosa: la violencia no inhabilita, la violencia no importa, la violencia se gestiona. Se condena en discursos, pero se normaliza en listas. Se habla de “valores”, pero se negocia con ellos en silencio.
Y sí: alguien dirá que “la ley lo permite”. Exacto. Ese es el escándalo. Si el marco legal permite que una sentencia por violencia familiar no sea un muro ético mínimo para postular, entonces la política está construyendo una democracia de trámite: válida en papeles, vacía en principios.
Este caso exige reformas sin eufemismos: impedimentos claros para postular cuando existan sentencias por violencia familiar y por omisión a la asistencia familiar, con reglas objetivas y verificables. No para “cancelar” personas, sino para proteger el estándar mínimo de representación pública y enviar un mensaje contundente: el Estado no puede combatir la violencia mientras la recicla en el poder.
Reflexión final
El Perú no necesita más campañas “de valores” mientras las listas cuentan otra historia. Necesita una señal simple y firme: quien aspira a legislar debe pasar primero por un filtro ético básico. Porque cuando el Congreso se llena de antecedentes, la democracia no se fortalece: se degrada. Y la ciudadanía, una vez más, paga el costo. (Foto: LR).