En el Perú, el desorden urbano ya no se sufre: se prorroga. El cableado aéreo en desuso —esa maraña que cuelga sobre veredas, cruza fachadas y convierte postes en chatarra vertical— tenía un plazo para desaparecer. La norma vigente fijó una meta clara: retirar lo obsoleto y devolverle seguridad y orden al espacio público. Pero justo cuando el régimen sancionador estaba por activarse, el Congreso decidió intervenir para alargar el problema. Si la prórroga avanza, el mensaje es inequívoco: el cableado en desuso seguirá hasta 2028, no por falta de capacidad, sino por decisión política.
Esta editorial sostiene que el Congreso está premiando el incumplimiento y debilitando la autoridad del Estado. Postergar sanciones cuando ya venció el plazo no es “viabilidad técnica”: es rescate legislativo. Y rescatar al que no cumple, en política pública, equivale a castigar al ciudadano con más riesgo, más contaminación visual y más impunidad.
El plazo original no fue improvisado: las empresas de electricidad y telecomunicaciones contaron con 24 meses para retirar cableado en desuso o en mal estado. Dos años completos para planificar, coordinar y ejecutar. El régimen sancionador contemplaba multas relevantes (entre 5 y 20 UIT) precisamente para evitar lo que hoy estamos viendo: que la obligación se convierta en sugerencia y el incumplimiento en rutina.
La nueva propuesta legislativa busca extender el plazo hasta por dos años adicionales, empujando el retiro efectivo hacia 2028. Y aquí está el punto que el Congreso pretende disimular con tecnicismos: el plazo original ya se cumplía en 2026. Es decir, el país llegó a la fecha límite y, en lugar de exigir resultados, se intenta regalar más tiempo al incumplimiento justo cuando empezaban las sanciones.
Se nos dirá que hace falta “coordinación”, “ajustes técnicos”, “ejecución progresiva”, que hay cables de terceros no identificados, que el problema es grande. Todo cierto. Pero lo grande no justifica lo tardío, y lo técnico no justifica lo oportunista. Dos años eran el tiempo para resolver la complejidad. Llegar al final del plazo con una prórroga en la mano no es planificación: es la admisión de que alguien no quiso pagar el costo de hacer cumplir la ley.
Lo más grave es que este no es un asunto estético. El cableado aéreo en desuso no solo afea: riesga. Riesga porque se desprende, porque se enreda, porque obstruye trabajos públicos, porque convierte emergencias en caos, porque satura postes y deja vacíos de responsabilidad. Cuando nadie sabe quién es el dueño del cable, nadie responde por el daño. Y cuando el Estado permite que esa ambigüedad se prolongue, está tolerando un peligro permanente.
Además, la norma vigente buscaba evitar el abuso de siempre: que las empresas trasladen el costo del retiro al usuario final. Es decir, el marco legal intentó proteger al ciudadano. Pero la prórroga termina protegiendo al incumplidor: permite que el espacio público siga funcionando como depósito gratuito, mientras la ciudad paga el costo en seguridad y calidad de vida.
La prórroga convierte una obligación legal en un “veremos”. Si el Congreso postergó la sanción justo cuando iba a aplicarse, entonces institucionaliza una regla perversa: no cumplas, espera, presiona, y el plazo se moverá. Con esa lógica, ninguna política pública se sostiene.
Reflexión final
El cable colgando es el síntoma visible. Lo que no se ve —y es peor— es la lección que queda: en el Perú, la ley no se cumple por deber, sino por temor a la sanción… y cuando la sanción se dilata, el deber desaparece. Si el Congreso quiere ser recordado como parte de la solución, debe dejar de legislar para prolongar el problema. Porque si hoy se prorroga el retiro de cables, mañana se prorrogará cualquier otra obligación incómoda. Y así, el país seguirá colgando —literalmente— del desorden. (Foto: Diario Uno).