Lluvias dejan más de 16 mil damnificados y más de 58 muertos

Entre enero y marzo, las lluvias no solo han mojado el país: lo han desnudado. 58 fallecidos, dos desaparecidos y 16.095 damnificados no son “consecuencias del clima”, son el resultado de una tragedia repetida donde la naturaleza hace lo suyo y el Estado llega tarde, improvisa y luego pide paciencia. El COEN lo resume en cifras; la ciudadanía lo vive en barro, pérdida y duelo.

El impacto no es abstracto: 1.017 viviendas destruidas, 6.269 inhabitables y 74.087 dañadas. Y aun así, seguimos fingiendo sorpresa cada temporada. En el Perú, los huaicos no “aparecen”: se anuncian. Los ríos no “se desbordan”: se les deja sin defensas. Las quebradas no “se activan”: se las ocupa, se las olvida y se les pone un parche cuando ya arrasaron. La emergencia no empieza con la lluvia; empieza cuando la prevención se vuelve un discurso y no una obra.

Los daños en infraestructura pública son un retrato del abandono: establecimientos de salud inhabitables, otros dañados; colegios destruidos o en ruina a días del inicio de clases; y el agro golpeado con hectáreas perdidas y miles de animales muertos. No es solo “pérdida material”: es salud interrumpida, educación rota y economía familiar devastada. Es el Estado pidiéndole resiliencia a quienes no tienen techo.

Y está la conectividad, esa palabra que en el Perú se rompe con la misma facilidad que un puente. El reporte habla de vías vecinales destruidas y cientos de kilómetros afectados, además de puentes colapsados y carreteras con tránsito restringido o interrumpido. Cuando cae un puente, no cae solo cemento: cae el acceso al hospital, al mercado, a la escuela, a la ayuda. Caen días de trabajo y suben precios. Y entonces viene el “plan de intervención” con maquinaria, cisternas y brigadas… como si el país fuera un incendio permanente que solo se apaga con baldes después del humo.

Se anuncian bonos y empadronamientos —S/500 mensuales por hasta 24 meses— y se presenta como respuesta. Ayuda necesaria, sí, pero insuficiente si se usa como sustituto de prevención. Porque el bono no reconstruye carreteras, no reubica a familias en riesgo, no ordena el territorio, no limpia cauces a tiempo. La política pública no puede ser solo administrar damnificados: debe evitar que se multipliquen.

Las lluvias han causado una crisis real, pero el desastre no es solo meteorológico: es institucional. Con cifras así, la pregunta ya no es “qué tanto llovió”, sino qué tanto se dejó de hacer antes.

Reflexión final
El Perú seguirá contando muertos cada temporada mientras la prevención sea la última prioridad del presupuesto y la primera víctima del desgobierno. La lluvia no vota, no negocia y no perdona. El Estado, en cambio, sí decide. Y hoy, con 58 fallecidos y miles de damnificados, esa decisión —o esa omisión— está quedando escrita en lodo. (Foto: Andina).

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