Otra vez Keiko. No como muletilla política, sino como expediente vivo. En plena ruta hacia las elecciones 2026, la candidata vuelve a pararse frente a cámaras con el mismo libreto: “refrito”, “guerra sucia”, “no tengo nada que ver”. Pero la realidad, terca y documentada, insiste en lo contrario: Keiko Fujimori está investigada por lavado de activos junto con Joaquín Ramírez en el llamado Caso Alas Peruanas, y la investigación —según fuentes fiscales citadas— estaría en etapa de acusación. El problema ya no es solo judicial: es ético. Y sí, es vergonzoso y repudiable que el país se acostumbre a normalizar candidaturas con mochila penal como si fuera “parte del paisaje”.
Lo más tóxico de esta historia no es que exista una investigación —toda persona tiene derecho a defensa—, sino la estrategia de negación como política pública: decir “no existe”, cuando el caso existe; decir “no hubo terreno”, cuando hay una ruta descrita en sede judicial; decir “no tiene nada que ver Ramírez”, cuando el núcleo del expediente gira precisamente en torno a esa relación política y personal.
El caso se sostiene en una narrativa concreta: la venta de un predio en Cieneguilla y la llamada “ruta del dinero”. Según el fallo citado, el terreno habría sido adquirido en 2013 por US$144,946 y vendido en 2015 por US$201,010, generando una ganancia declarada de US$80,000. Ese comprador sería Edmond Jordán Montes, señalado como testaferro de Joaquín Ramírez. Y luego viene la parte que convierte la operación en una sospecha más grave: la ganancia habría sido “ocultada” con la compra de una camioneta Subaru Forester 2017 por US$35,000, registrada en la hoja de vida de la candidata.
A esto se suma la tesis fiscal más delicada: que Joaquín Ramírez habría desviado recursos vinculados a la Universidad Alas Peruanas para financiar campañas y favorecer a dirigentes, y que Keiko —como presidenta del partido— habría aceptado o consentido aportes de origen ilícito. Ese es el punto: no es un chisme electoral; es un debate penal sobre procedencia del dinero, inserción al sistema formal y responsabilidad de quienes lo administraron políticamente.
El país, mientras tanto, mira el mismo ciclo repetirse: la candidata pide confianza, pero entrega evasivas; exige presunción de inocencia, pero se ofende ante la exigencia de transparencia. Y el electorado queda atrapado en una paradoja insoportable: se reclama “mano dura” contra la delincuencia, pero se tolera “mano tibia” con la ética cuando el caso tiene nombre propio.
Una campaña presidencial no es un borrador de memoria ni un escudo contra la verdad. Si Keiko está investigada por lavado junto con Joaquín Ramírez, la ciudadanía merece claridad completa, no frases de piloto automático.
Reflexión final
La pregunta no es “por qué la persiguen”, sino “por qué seguimos aceptando que la política funcione así”. En democracia, la confianza no se exige: se construye. Y cuando una candidatura insiste en negar lo que el expediente describe, la señal es terrible: que el poder espera que el país se canse de preguntar. Pero si el Perú quiere salir de su crisis moral, tiene que hacer lo contrario: preguntar más, exigir más y normalizar menos. Porque “otra vez Keiko” no debería ser costumbre. Debería ser alarma. (Foto: IUS 360).