El Perú no solo enfrenta una ola criminal; enfrenta algo todavía más grave: un desgobierno que ha normalizado el miedo, la extorsión y la muerte como parte del paisaje. Cuando asesinan a un chofer en pleno trabajo, incendian buses durante la madrugada y obligan a transportistas a pagar cupos diarios para seguir respirando, ya no estamos ante hechos aislados. Estamos ante la evidencia de un Estado que llegó tarde, mal y, en demasiados casos, simplemente no llegó. El asesinato de Michel Hurtado Serna, conductor de la empresa Santa Catalina, y los recientes atentados contra buses en Lima vuelven a desnudar esa tragedia nacional.
Lo más doloroso de esta crisis no es solo la ferocidad de las bandas criminales, sino la humillante impotencia del poder. Los dirigentes del transporte denuncian que pagan a tres o cuatro grupos extorsivos, que muchas unidades ya no salen a operar y que reunirse con el presidente no les deja soluciones, sino frustración. Que un representante del sector diga públicamente que “no sirve de nada hablar con el presidente” no es una frase cualquiera: es una sentencia política contra un gobierno que escucha poco, reacciona tarde y transmite una alarmante frialdad frente al sufrimiento de los ciudadanos.
El desgobierno se mide precisamente en eso: en la distancia obscena entre el discurso oficial y la realidad de las calles. Mientras desde el poder se promete combatir el crimen organizado, en los paraderos mandan los extorsionadores; mientras se anuncian reuniones, planes y estados de emergencia, los sicarios disparan, las mafias graban amenazas y los trabajadores terminan enterrando a sus compañeros. Los recientes ataques contra buses de empresas como Sol de Oro y Los Chinos confirman que las organizaciones criminales ya no actúan con temor, sino con una sensación de dominio territorial y desafío abierto.
Y aquí aparece la verdad más incómoda: el desgobierno no siempre grita; a veces bosteza. Se expresa en la indiferencia, en la burocracia sin alma, en el cálculo político de “resistir hasta el 28 de julio” mientras el país se desangra. José María Balcázar asumió hace apenas semanas en medio de una nueva crisis política y con la promesa de enfrentar el crimen, pero su corto mandato ya está siendo interpelado por una calle que no necesita ceremonias ni declaraciones, sino autoridad legítima, inteligencia policial y protección real.
Cuando trabajar de chofer implica pagar cupo, arriesgar la vida y dejar huérfanos, el problema dejó de ser sectorial. Es un fracaso moral del Estado. Y cuando el poder no protege, deja de gobernar y empieza apenas a administrar ruinas.
Reflexión final
El país sigue desangrándose, sí. Pero no solo por la delincuencia. También por un desgobierno que parece haber renunciado a su deber más elemental: defender la vida. Y cuando la autoridad se vuelve incapaz de cuidar a su pueblo, lo que se erosiona no es solo la seguridad, sino la propia idea de República.