Cuando un gremio decide paralizar sus actividades, la señal es clara: algo en el país dejó de funcionar. Pero cuando los gremios de transportistas anuncian que el paro nacional se realizaría el próximo 20 de marzo, la advertencia adquiere otra dimensión. No se trata solo de una medida sindical ni de una disputa sectorial. Se trata de un grito colectivo frente a una realidad que miles de conductores viven a diario: trabajar bajo amenaza permanente de extorsión, violencia y muerte. En el Perú de hoy, manejar un bus ya no es solo un oficio; es un riesgo cotidiano.
La decisión de fijar una fecha para el paro surge en medio de una creciente ola de ataques contra transportistas en Lima y otras ciudades. En lo que va del año, varios conductores han sido asesinados y numerosas unidades han sido baleadas o incendiadas por organizaciones criminales que exigen pagos diarios para permitir que los vehículos circulen. La banda conocida como “Los Mexicanos” ha sido señalada por diversos ataques vinculados a este esquema de extorsión que se ha instalado como una economía ilegal paralela.
En este contexto, los dirigentes del sector sostienen reuniones para coordinar una respuesta conjunta. El malestar creció aún más cuando una reunión pactada con el Ministerio del Interior fue cancelada previamente, lo que fue interpretado por los transportistas como una muestra de la distancia entre el discurso oficial y la urgencia del problema. Aunque finalmente se realizó un encuentro con autoridades policiales y del Ejecutivo, la desconfianza persiste.
El Gobierno ha planteado reforzar la presencia policial, mejorar el trabajo de inteligencia y promover la instalación de cámaras en las unidades de transporte como parte de una estrategia contra la extorsión. En el papel, estas propuestas suenan razonables. Sin embargo, el problema de fondo es que el país ha escuchado anuncios similares demasiadas veces. Las mesas de trabajo, los compromisos institucionales y los planes de seguridad se repiten con frecuencia, pero la violencia continúa marcando la rutina del transporte público.
La paradoja es evidente: mientras el Estado promete fortalecer su control territorial, las bandas criminales ya han instalado el suyo. Las amenazas llegan por teléfono, los cobros se exigen a diario y los atentados funcionan como advertencia para quienes se resisten. En ese escenario, muchos conductores sienten que el Estado llega tarde o simplemente no llega.
El paro anunciado para el 20 de marzo no es únicamente una protesta gremial. Es también una señal de alerta sobre la fragilidad del orden público y la creciente sensación de abandono que experimentan miles de trabajadores del transporte.
Reflexión final
Cuando quienes movilizan la ciudad deciden detenerse para exigir seguridad, el país debería escuchar con atención. Porque si el transporte se paraliza por miedo y no por salario, la crisis ya no es sectorial: es un síntoma de un Estado que aún no logra garantizar lo más básico para sus ciudadanos, el derecho a trabajar y volver a casa con vida.