¿Por qué el Ejecutivo siempre nombra a ministros cuestionados?

En el Perú, los cambios en el Ejecutivo suelen presentarse como una oportunidad para corregir errores, recuperar confianza y recomponer la gestión pública. Pero, en la práctica, demasiadas veces se convierten en la repetición de un viejo vicio: designar ministros y altos funcionarios rodeados de cuestionamientos, investigaciones, denuncias o vínculos políticos que debieron activar, como mínimo, un filtro riguroso de idoneidad. La pregunta, por eso, ya no es ingenua sino profundamente política: ¿por qué el Ejecutivo siempre elige a ministros y funcionarios con prontuario?

La respuesta más incómoda es también la más evidente: porque en el Perú el criterio técnico suele perder frente al cálculo político. No siempre se nombra al más preparado, sino al más útil para sostener equilibrios, pagar favores, contentar aliados o repartir cuotas de poder. Y cuando eso ocurre, las instituciones dejan de ser herramientas de servicio público para convertirse en territorios de negociación.

Los casos recientes vuelven a retratar esa enfermedad. Juan Carlos Velasco, nombrado ministro de Salud por José María Balcázar, figura en un informe de la Contraloría por presuntas contrataciones irregulares de personal durante su gestión en el Hospital Arzobispo Loayza en 2021; además, reportes periodísticos señalan que la Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presunta negociación incompatible. No corresponde sentenciar a nadie sin debido proceso, pero sí exigir una regla elemental: quien llega a una cartera tan sensible como Salud no debería hacerlo bajo sospecha.

El segundo nombre es Luis Rosales Pereda, designado por Balcázar como presidente ejecutivo de EsSalud. Su nombramiento quedó rápidamente bajo cuestionamiento por su antecedente de postulación política con Alianza para el Progreso y por las lecturas que lo vinculan a una lógica de reparto de poder en el nuevo escenario político. Y ahí está el problema de fondo: cuando una institución que atiende a millones de asegurados queda atrapada en sospechas de cuota partidaria, el mensaje al ciudadano es demoledor. Se le dice, en los hechos, que la salud pública puede administrarse con criterios políticos antes que con estándares de independencia y mérito.

Eso explica por qué tantos nombramientos nacen debilitados. El filtro previo existe, pero parece funcionar menos para proteger al Estado que para acomodar intereses. Se revisa menos la hoja de vida ética que la hoja de ruta de alianzas. Se pesa menos la solvencia profesional que la conveniencia del momento. Y después, cuando estalla el escándalo, el país vuelve a escuchar el mismo libreto: que se investigue, que se aclarará, que no hay sentencia firme. Pero el daño ya está hecho. La confianza pública ya fue golpeada.

Gobernar también es nombrar. Y nombrar mal no es un detalle administrativo: es una forma de degradar al Estado desde arriba. Un gobierno que designa funcionarios cuestionados transmite que la idoneidad puede esperar, pero los pactos no.

Reflexión final
El Perú no necesita autoridades que asuman el cargo para luego explicar sus antecedentes. Necesita funcionarios que lleguen con integridad, capacidad y legitimidad acreditadas desde el primer día. Porque cuando el Ejecutivo insiste en elegir figuras con prontuario o bajo sombra política, no solo compromete una gestión: compromete la poca confianza que aún queda en la República.(Foto: ANP).