La denuncia sobre César Acuña y el presunto pago de hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura no debería leerse como una travesura digital de campaña. Debería leerse como una señal de alerta sobre la degradación de la política peruana. Cuando un candidato intenta llegar al voto joven a través de figuras de internet con enorme arrastre entre adolescentes y primeros electores, el problema no es la modernidad del formato. El problema es la transparencia del método. Y allí la pregunta es directa: si hubo propaganda para influir en el voto, ¿por qué no transparentarla como corresponde?.
El reportaje difundido por Panorama y recogido por La República señala que creadores como Cristorata, Neutro y Sachauzumaki habrían formado parte de una estrategia para acercar a Acuña al electorado joven, con campañas valorizadas en montos de hasta US$30 mil. No es un detalle menor. Se está hablando de una operación política montada sobre plataformas de entretenimiento, donde la frontera entre contenido espontáneo y publicidad electoral puede volverse deliberadamente borrosa. Y cuando esa frontera se borra, no gana la creatividad: pierde la democracia.
La ley no deja el tema librado al ingenio del candidato. La Ley de Organizaciones Políticas establece que los aportes en efectivo o en especie y los gastos de campaña deben registrarse y reportarse, y la propia ONPE fiscaliza esa información financiera. Si una colaboración tiene valor económico y busca influir en la voluntad del elector, no basta con disfrazarla de “contenido orgánico” o “apoyo gratuito”. Debe declararse, valorizarse y someterse al escrutinio público. Lo contrario no es frescura comunicacional; es opacidad con filtro juvenil.
Lo más inquietante es que esta denuncia no aparece aislada. En los últimos días también se reportó que el Gobierno Regional de La Libertad gastó S/479 mil en campañas digitales para posicionar la gestión de Acuña, caso por el que incluso se informó de una investigación fiscal. A ello se suman cuestionamientos sobre familiares vinculados a su entorno que habrían trabajado en el Congreso y EsSalud con remuneraciones de hasta S/19.277. Visto en conjunto, el cuadro no habla de un hecho fortuito: habla de una forma de hacer política donde promoción, poder y entorno parecen caminar demasiado cerca.
El debate no es si un candidato puede usar streamers. Claro que puede. El debate serio es si puede convertir esa influencia en una zona gris, donde la propaganda se mimetiza con el entretenimiento y el gasto electoral intenta desaparecer detrás de la pantalla.
Reflexión final
Cuando la política deja de persuadir con ideas y empieza a tercerizar su seducción en likes, audiencias y transmisiones en vivo sin transparencia suficiente, lo que se debilita no es solo una campaña: se debilita la confianza pública. Y un país que ya desconfía de casi todo no necesita candidatos más virales, sino candidatos más claros. (Foto: LR).