En el Perú, la extorsión dejó de ser un delito para convertirse en una forma de convivencia forzada. El dato es contundente: el 25% de los peruanos adultos ha sido víctima o conoce a alguien afectado en los últimos tres meses. Hablamos de más de 6 millones de personas viviendo bajo amenaza directa o indirecta. Ya no es un problema de seguridad focalizado. Es un fenómeno nacional que, lejos de retroceder, se reorganiza, se expande y se adapta con una eficiencia que el Estado todavía no logra siquiera imitar.
La transformación del delito es tan clara como inquietante. Mientras Lima muestra una leve reducción, la extorsión se desplaza hacia regiones del centro, sur, oriente y zonas rurales, donde la capacidad de respuesta estatal es más débil y la denuncia más riesgosa. Es el comportamiento típico de una estructura criminal madura: cuando encuentra presión en un punto, se expande hacia territorios menos protegidos. Lo que antes era un problema urbano hoy empieza a convertirse en un sistema nacional de control basado en el miedo.
Y ese sistema no es improvisado. Se articula con otras economías criminales como el “gota a gota”, que pasó de 15% en 2024 a 19% en 2025, y con estafas digitales que ya afectan al 27% de la población adulta, es decir, a más de 6,6 millones de personas. El crimen no solo amenaza con armas; también se infiltra en teléfonos, redes sociales y préstamos informales. Es una red que combina violencia física, coerción económica y manipulación digital. Y frente a eso, el Estado sigue actuando como si enfrentara delitos aislados, no un ecosistema criminal en expansión.
Las cifras de violencia son el rostro más brutal de este fenómeno. En 2025 fueron asesinados 239 transportistas, víctimas de redes de extorsión. Además, se registran más de 1.300 homicidios con armas de fuego, muchos vinculados a sicariato dentro de estas estructuras. El mensaje es claro: aquí no solo se amenaza, se ejecuta. Se mata para cobrar. Se dispara para disciplinar. Y se asesina para consolidar territorio.
Lo más alarmante es la respuesta institucional. Pese al aumento de denuncias, el número de personas privadas de libertad por extorsión se mantiene prácticamente igual. Es decir, el delito crece, pero el castigo no. La consecuencia es previsible: la denuncia pierde sentido, la impunidad gana terreno y el crimen se fortalece. Mientras tanto, se anuncian operativos, se reportan cifras y se promete control, pero el ciudadano sigue pagando cupos, cambiando rutas, cerrando negocios o viviendo bajo amenaza constante.
La extorsión no está avanzando porque sea invencible. Está avanzando porque el Estado no ha logrado construir una respuesta proporcional a su magnitud. No hay inteligencia sostenida, no hay presencia efectiva en territorios críticos y no hay sanción suficiente para disuadir.
Reflexión final
Cuando uno de cada cuatro peruanos convive con la extorsión, el problema deja de ser policial y se vuelve estructural. Ya no se trata solo de delincuencia: se trata de poder. Porque donde el Estado no llega, alguien más gobierna. Y hoy, en demasiadas zonas del país, ese gobierno no lleva uniforme ni responde a la ley, sino al miedo. (Foto: Central Tv).