¿Los actuales congresistas deberían ser elegidos nuevamente?

La pregunta no es provocadora, es urgente: ¿los actuales congresistas deberían ser elegidos nuevamente en 2026? En un país donde la política ha perdido credibilidad a fuerza de excesos, blindajes y componendas, el próximo voto no será solo una elección. Será también una evaluación moral y política. Y difícilmente este Parlamento salga bien librado. No solo por la acumulación de investigaciones, escándalos y maniobras de autoprotección que han marcado su paso por el poder, sino porque el rechazo ciudadano ya se ha vuelto estructural: en marzo de 2026, el Instituto de Estudios Peruanos reportó que 87% de los peruanos desaprueba al Congreso.

El actual Congreso ha conseguido algo que no es fácil: unir a buena parte del país en el cansancio. No por una gran obra legislativa ni por una defensa ejemplar del interés público, sino por la reiteración de una conducta que ha degradado la representación nacional. Mientras el Perú enfrenta inseguridad, extorsión, crisis institucional y servicios públicos cada vez más frágiles, el Parlamento ha preferido en demasiadas ocasiones discutir desde la conveniencia, legislar desde la presión y actuar desde el reflejo corporativo. Y ahí se encuentra el centro del problema: no ha sido visto como un contrapeso republicano, sino como un espacio de supervivencia mutua.

No se trata de episodios aislados. La acumulación de investigaciones, denuncias, escándalos y blindajes ha sido tan persistente que el descrédito ya no parece coyuntural, sino histórico. Por eso no resulta exagerado afirmar que este es, para una gran parte del país, el peor Congreso de la historia republicana reciente. Las encuestas no usan necesariamente esa frase literal, pero sí retratan algo equivalente: un Parlamento con niveles de desaprobación críticos, sostenidos y extraordinariamente altos. Cuando casi nueve de cada diez ciudadanos lo desaprueban, la crisis ya no es de imagen; es de legitimidad.

La ironía es evidente. Muchos de estos mismos congresistas que hoy buscan continuidad son los que ayudaron a consolidar la percepción de un Congreso desconectado del país, indulgente consigo mismo y severamente incapaz de recuperar autoridad moral. Han pedido confianza pública mientras administraban desconfianza. Han hablado de democracia mientras la ciudadanía los veía blindarse entre ellos, proteger aliados y normalizar lo que en una república seria debería causar vergüenza institucional. Y, sin embargo, vuelven a pedir el voto como si el país tuviera obligación de olvidar.

Pero esta vez el contexto es distinto. La población no solo está decepcionada: está cansada. Cansada de los políticos de siempre, de los nombres reciclados, de la vieja gimnasia parlamentaria que sobrevive al escándalo con admirable descaro. Por eso, en 2026, el voto puede convertirse en algo más que una herramienta de elección. Puede convertirse en una sanción democrática.

La posibilidad de que los actuales congresistas vuelvan al Parlamento no debería depender de su maquinaria electoral ni de su habilidad para volver a camuflarse en otra lista. Debería depender de su desempeño. Y el balance, a ojos de la ciudadanía, es devastador.

Reflexión final
En 2026, el elector no solo elegirá representantes. Elegirá si premia o castiga una forma de hacer política que ha vaciado de prestigio al Congreso. Porque cuando un Parlamento ha sido tan generoso con sus propios excesos y tan mezquino con las demandas del país, negarles nuevamente el voto deja de ser un acto de bronca. Empieza a parecer, más bien, un mínimo gesto de dignidad democrática.