El país ya no cuenta muertos: los acumula. El asesinato de Malaquías Segundo Céspedes Huisa, chofer de 62 años de la empresa Real Star, acribillado en Comas dentro de un bus lleno de pasajeros, no es solo otra noticia policial. Es la confirmación de que la violencia contra los transportistas se ha convertido en una rutina criminal frente a un Estado que responde tarde, repite fórmulas agotadas y observa cómo la sangre sigue corriendo en las calles de Lima. Testigos relataron que los sicarios, movilizados en dos motocicletas, rodearon la unidad y dispararon múltiples veces hasta rematar al conductor.
Lo más grave es que este crimen no cayó del cielo. La empresa Real Star ya había denunciado extorsiones y, semanas atrás, una de sus unidades fue incendiada en Villa El Salvador en medio de amenazas atribuidas a la banda conocida como “Los Mexicanos”. Es decir, el asesinato no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia de terror que venía anunciándose mientras las autoridades seguían atrapadas en el ritual de siempre: declaraciones, operativos dispersos y promesas que no llegan a proteger a quienes salen a trabajar con la certeza de que pueden no volver a casa.
Aquí es donde el discurso oficial empieza a desmoronarse. Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar han pasado por el poder sin construir un plan nacional serio, sostenido e inteligente contra la criminalidad que asfixia al transporte público. Lo que sí se ha repetido, casi como reflejo burocrático, es el estado de emergencia: se decreta, se anuncia con solemnidad, se restringen derechos y se promete recuperar el control. Pero la realidad responde con buses incendiados, choferes asesinados y pasajeros huyendo entre balas. Lima y Callao están bajo estado de emergencia desde fines de febrero y, aun así, el crimen sigue actuando con una audacia que deja en evidencia la fragilidad de la estrategia.
La tragedia no es solo de seguridad; también es política. Cuando los transportistas son extorsionados, baleados o ejecutados mientras cumplen rutas esenciales, lo que se quiebra no es únicamente el orden público, sino la noción misma de autoridad. Porque un gobierno que no puede garantizar que un chofer termine su jornada con vida no está gobernando el territorio: apenas está administrando la crisis. Y en esa administración del desastre, los trabajadores se han quedado solos, convertidos en escudos humanos de la incapacidad estatal.
El crimen de Comas debería obligar a algo más que condolencias. Debería abrir una discusión frontal sobre el fracaso de una política de seguridad basada en medidas reactivas, estados de emergencia repetidos y ausencia de inteligencia operativa eficaz. Porque cuando la respuesta del Estado no disuade, no previene y no protege, la violencia deja de ser excepción y se vuelve sistema.
Reflexión final
El Perú se está acostumbrando a una barbarie que no debería normalizar jamás: choferes asesinados por trabajar, empresas extorsionadas por circular y ciudadanos transportados en rutas donde también viaja el miedo. Y cuando la costumbre del poder es improvisar mientras la delincuencia planifica, el desgobierno deja de ser una acusación retórica: se convierte en una tragedia cotidiana.(Foto: Andina).