La decisión de César Acuña de pedir S/20 millones de reparación civil a Fernando Olivera tras el debate presidencial no puede leerse como un simple trámite legal. Es, sobre todo, un hecho político. Según Perú21, la querella ya fue formalizada por difamación agravada luego de que Olivera lo acusara en el debate del 23 de marzo de liderar una organización criminal y lo vinculara con los Sánchez Paredes. APP, a través de su secretario general Luis Valdez, sostuvo además que buscará una condena y descartó la idea de desistir aunque haya rectificación.
Aquí el primer problema es evidente. Un debate presidencial debería servir para que el país escuche propuestas, contraste planes de gobierno y mida el carácter democrático de sus candidatos. Pero en el Perú de hoy, el debate termina demasiado rápido convertido en querella. La política ya ni siquiera intenta disimular su deterioro: pasa del estrado al expediente con una facilidad que retrata el nivel de crispación, personalismo y precariedad del proceso electoral.
Ahora bien, una cosa debe quedar clara: acusar sin pruebas en un debate no es valentía cívica, es una irresponsabilidad que contamina la deliberación pública. Olivera lanzó imputaciones gravísimas. Si no puede sostenerlas, deberá responder. Pero otra cosa también merece ser dicha con la misma claridad: pedir S/20 millones no luce como una simple reparación moral. Luce como una cifra de enorme peso político, mediático y simbólico. No solo busca resarcir un agravio; también envía un mensaje de poder. Y en una campaña electoral, ese mensaje puede ser leído como advertencia.
APP ha dicho que, de obtener ese dinero, sería donado a una institución que atiende a niños con anemia y desnutrición infantil. El anuncio puede sonar altruista, pero no cambia el fondo del asunto. La pregunta de fondo sigue intacta: ¿la justicia será usada para defender el honor o para endurecer el costo de la confrontación política?. En una democracia sana, ambas cosas deberían poder distinguirse con nitidez. En el Perú, lamentablemente, esa frontera suele enturbiarse demasiado rápido.
Además, esta historia exhibe una pobreza mayor: mientras el país exige respuestas sobre inseguridad, corrupción y captura institucional, los candidatos siguen atrapados entre acusaciones explosivas y respuestas judiciales descomunales. El ciudadano vuelve a quedar relegado. Otra vez la campaña habla mucho de sí misma y poco del Perú real.
Acuña tiene derecho a defender su reputación. Olivera tiene la obligación de sustentar lo que afirma. Pero una democracia seria no debería acostumbrarse ni a las acusaciones temerarias ni a las querellas millonarias como si fueran parte natural del debate público.
Reflexión final
Cuando la política cambia propuestas por imputaciones y convierte el honor en una batalla de millones, el elector no gana claridad: gana más ruido. Y un país exhausto de abusos, impunidad y confrontación no necesita campañas más litigiosas, sino dirigentes bastante más responsables. (Foto: Noticias Trujillo).