El Perú llega a las elecciones de 2026 con una contradicción que ya no puede maquillarse: los ciudadanos votan, pero no creen. Acuden a las urnas, cumplen con su deber cívico, pero lo hacen con una desconfianza profunda hacia quienes aspiran a representarlos. No es apatía. Es algo más complejo: una participación obligada en un sistema que ha perdido credibilidad.
Las cifras son elocuentes. Apenas alrededor del 17 % de peruanos confía en las elecciones. Es decir, más del 80 % participa sin creer plenamente en el proceso. Aun así, los niveles de votación superan el 70 % del padrón, impulsados en gran medida por la obligatoriedad del voto. Esa combinación revela una verdad incómoda: el sistema electoral funciona en lo formal, pero falla en lo esencial.
Y ese fracaso tiene responsables. La desconfianza no nace de la nada. Es el resultado acumulado de promesas incumplidas, gobiernos que no responden a las expectativas, partidos políticos débiles y una representación que se diluye apenas se instala en el poder. Fernando Tuesta lo resume con claridad: los ciudadanos han visto durante años una política que ofrece mucho y cumple poco. Bajo esa experiencia, confiar se vuelve difícil.
A esto se suma un problema estructural que agrava la crisis: la fragmentación. Con decenas de candidaturas en competencia, el elector enfrenta una oferta dispersa, saturada de mensajes, símbolos y discursos que dificultan la comparación real entre propuestas. El exceso no necesariamente mejora la democracia; muchas veces la vuelve más confusa. En ese escenario, el voto deja de ser una elección informada y empieza a convertirse en una decisión tomada entre opciones poco diferenciadas.
El resultado es una representación política precaria. Los ciudadanos participan, pero no encuentran canales estables para expresar sus demandas. El vínculo entre electores y autoridades es débil, volátil y, en muchos casos, inexistente. Se elige, pero no se confía. Se vota, pero no se cree.
Y lo más preocupante es que este escenario no es nuevo. En 2019 se planteó una reforma política integral para corregir estas fallas. Sin embargo, quedó inconclusa. El país volvió a postergar cambios estructurales y hoy enfrenta otra elección con las mismas debilidades de fondo.
Las elecciones de 2026 no solo definirán autoridades. También pondrán a prueba la legitimidad de un sistema que funciona por obligación más que por convicción. Porque cuando la ciudadanía vota sin confiar, la democracia se sostiene, pero se debilita.
Reflexión final
El verdadero riesgo no es que la gente deje de votar. Es que siga votando sin creer. Porque una democracia donde el ciudadano cumple, pero desconfía, avanza en apariencia, pero retrocede en esencia. Y en ese desgaste silencioso, el mayor peligro no es el ruido político, sino la pérdida de sentido del propio acto de elegir.(Foto: PUCP).