En el Perú, los estados de emergencia ya no parecen una medida excepcional, sino una rutina del fracaso. Se anuncian como golpes de autoridad, se prorrogan como si la firmeza pudiera decretarse y se presentan como respuesta frente a la criminalidad. Pero en las calles, donde siguen las muertes, las extorsiones y el miedo cotidiano, la realidad termina desmintiendo el discurso. Ahora José María Balcázar insiste en la misma receta. Y al hacerlo, no transmite control, sino la evidencia de que el Estado sigue atrapado en una estrategia que restringe derechos, exhibe presencia, pero no consigue derrotar al crimen.
La reciente prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao confirma esa terquedad institucional. Otra vez se recurre a la misma herramienta, otra vez se habla de orden interno, otra vez se moviliza a la Policía y a las Fuerzas Armadas, y otra vez se promete enfrentar la violencia con medidas extraordinarias. Sin embargo, lo extraordinario perdió eficacia cuando empezó a repetirse sin resultados. Una excepción permanente deja de ser solución y se convierte en señal de impotencia.
Ese es el punto que el poder no quiere admitir. Los estados de emergencia no han desarticulado las economías criminales, no han frenado con claridad la extorsión, no han devuelto tranquilidad sostenida a los transportistas, comerciantes y vecinos, ni han logrado que el ciudadano sienta que el miedo retrocede. Lo que sí han consolidado es una peligrosa normalización: la idea de que se puede limitar la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la reunión y la seguridad personal sin que ello garantice una mejora real en la seguridad.
Desde Dina Boluarte hasta la gestión actual de Balcázar, el guion ha sido demasiado parecido. Cambian los nombres, se renuevan los decretos, se endurece el tono oficial, pero el resultado sigue siendo el mismo: criminalidad persistente y una sensación creciente de que el Estado reacciona más para demostrar que hace algo que para resolver de verdad el problema. Y cuando la política se contenta con escenificar firmeza, termina dejando intacto lo esencial: las mafias se adaptan, las redes delictivas se reacomodan y la ciudadanía continúa atrapada entre el temor y el desencanto.
Lo más grave es que insistir en una receta fallida impide discutir lo verdaderamente necesario. La seguridad no se restablece solo con despliegue militar o policial. Requiere inteligencia seria, persecución financiera, control penitenciario, depuración institucional, fiscales fortalecidos y una estrategia integral que no dependa únicamente de medidas de excepción. Sin eso, el estado de emergencia se vuelve apenas un parche severo sobre una herida que sigue abierta.
Los estados de emergencia son un fracaso cuando se repiten sin cambiar la realidad que dicen combatir. Y Balcázar, al insistir en esa vía, no está corrigiendo el rumbo: está prolongando una política que ya mostró sus límites.
Reflexión final
Un gobierno no demuestra autoridad multiplicando prórrogas, sino devolviendo seguridad efectiva. Si la violencia sigue, las extorsiones avanzan y la ciudadanía continúa viviendo bajo amenaza, entonces no estamos ante una estrategia firme, sino ante una terquedad oficial que administra el fracaso como si fuera liderazgo. (Foto: LR).