La región enfrenta el mismo problema, pero no la misma respuesta. Ecuador decidió tratar la minería ilegal como una amenaza directa a la seguridad y ejecutó una operación militar —“Fuego Letal”— para golpear su financiamiento. En el Perú, en cambio, el Congreso y el Ejecutivo optaron por prorrogar el Reinfo hasta 2026, extendiendo un esquema que debía ser transitorio y que hoy sigue bajo cuestionamiento. Dos caminos opuestos frente a un mismo fenómeno: uno confronta, el otro posterga.
La operación ecuatoriana no fue un gesto simbólico. Destruyó infraestructura ilegal, inutilizó maquinaria y buscó afectar una economía clandestina que, según sus autoridades, generaba cerca de US$300.000 diarios. Más allá de la discusión sobre la proporcionalidad del método, el mensaje es inequívoco: el Estado asume que la minería ilegal financia redes criminales y decide elevar el costo del delito. No se trata solo de decomisos, sino de disputar territorio, logística y dinero.
En el Perú, el mensaje es distinto. La prórroga del Reinfo —un registro creado para facilitar la formalización— mantiene abierta una puerta que no ha logrado diferenciar con claridad entre quien quiere regularizarse y quien utiliza el sistema para seguir operando al margen de la ley. Cuando lo excepcional se vuelve permanente, la política pública pierde dirección. Y cuando la formalización no llega, la prórroga termina funcionando como un alivio administrativo para actividades que requieren control efectivo.
El problema no es únicamente normativo. Es estructural. La minería ilegal en el país ha sido vinculada a cadenas más amplias de criminalidad: lavado de activos, trata de personas, explotación laboral, contrabando de insumos y violencia en territorios donde la presencia estatal es débil. En ese contexto, la ausencia de una estrategia integral —que combine control territorial, inteligencia financiera, fiscalización ambiental y rutas claras de formalización— deja el terreno abierto para que estas economías se adapten y persistan.
Comparar no es simplificar. Ecuador también enfrentará el desafío de sostener su intervención en el tiempo y evitar el desplazamiento de la actividad ilegal hacia otras zonas. Pero la diferencia central está en la señal política: mientras un país decide encarecer el delito, el otro prolonga un mecanismo que aún no corrige sus vacíos. Y esa diferencia, en temas de crimen organizado, no es menor.
Ecuador bombardea la minería ilegal para debilitar su financiamiento. El Perú prorroga el Reinfo con la expectativa de ordenar lo que no ha logrado ordenar en años. Dos respuestas, dos ritmos y un mismo riesgo: que la economía ilegal siga expandiéndose allí donde el Estado no logra imponerse.
Reflexión final
La minería ilegal no es un asunto periférico. Es un eje que conecta dinero ilícito, violencia y captura institucional. Si el país no logra pasar de la prórroga a la solución, la formalización seguirá siendo una promesa y el control, una tarea pendiente. Porque frente a economías criminales que no esperan, la indecisión también tiene consecuencias. (Foto: Infobae).