Hoy, domingo 12 de abril, mientras millones de peruanos acuden a las urnas, una pregunta compite con el ruido electoral y la ansiedad de la jornada: ¿de cuánto es la multa por no votar? El Jurado Nacional de Elecciones ha recordado que en el Perú el sufragio sigue siendo obligatorio y que la ausencia no sale gratis. La sanción para quienes no emitan su voto va de S/ 27,50 a S/ 110, según la clasificación del distrito por nivel de pobreza; y para quienes incumplan como miembros de mesa, la multa asciende a S/ 275.
La tabla es clara y bastante elocuente. Si el elector vive en un distrito considerado de extrema pobreza, la multa es de S/ 27,50; si pertenece a un distrito pobre, asciende a S/ 55; y si reside en un distrito no pobre, llega a S/ 110. En paralelo, quien fue designado miembro de mesa —titular o suplente— y no cumple con instalar la mesa de sufragio se expone a una multa de S/ 275. Y si además tampoco vota, puede cargar con una segunda sanción. La ley, como suele ocurrir cuando se trata del ciudadano de a pie, funciona con puntual severidad.
Pero ahà empieza la parte incómoda del asunto. La democracia peruana demuestra una eficacia admirable para recordarle al elector cuánto pagará si no participa, aunque no siempre exhibe el mismo rigor para garantizarle una oferta polÃtica decente. El Estado cobra la ausencia con precisión matemática, pero tolera con exasperante flexibilidad campañas vacÃas, candidaturas improvisadas y una degradación de la polÃtica que luego pretende curarse con amenazas de multa. Se exige deber cÃvico, pero se administra la representación con una ligereza que bordea la burla.
No se trata de cuestionar la obligación legal. La norma existe y debe cumplirse. El problema es más profundo: cuando una democracia necesita que el ciudadano mire primero el monto de la sanción antes que el valor del voto, algo viene fallando desde hace rato. La participación deberÃa nacer de la conciencia, de la responsabilidad y de la convicción de que elegir importa. Sin embargo, demasiadas veces se la empuja desde el castigo, como si el sistema supiera que inspira más resignación que confianza.
Hoy no votar cuesta entre S/ 27,50 y S/ 110. No asumir el deber de miembro de mesa cuesta S/ 275. Esa es la cifra oficial. Pero el verdadero costo para el paÃs no está en la multa administrativa, sino en la pobreza polÃtica que convierte cada elección en una obligación formal antes que en una genuina fiesta democrática.
Reflexión final
El Perú ha construido una democracia que sabe sancionar al ciudadano cuando falta, pero todavÃa no aprende a sancionar con la misma contundencia a quienes envilecen la polÃtica desde dentro. Por eso, mientras hoy se pregunta cuánto cuesta no votar, convendrÃa plantear una pregunta más dura: cuánto nos sigue costando, como paÃs, votar en medio de tanta precariedad y tan poca vergüenza pública. (Foto: LP – Omar Neyra).
