En el Perú, las crisis rara vez llegan solas. Vienen acompañadas de demoras, explicaciones tardías y funcionarios que descubren el peso de la responsabilidad recién cuando el daño ya está hecho. Eso ocurre ahora con el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien la Junta Nacional de Justicia ha dado diez días para presentar sus descargos por las irregularidades registradas durante las Elecciones 2026. No se trata de un trámite menor ni de una formalidad administrativa: es la confirmación de que el colapso logístico que impidió votar a miles de ciudadanos ha dejado de ser una simple falla operativa para convertirse en un asunto de responsabilidad institucional.
La decisión de la JNJ, adoptada por unanimidad, tiene un peso político y simbólico innegable. Durante años se ha repetido que el sistema electoral debía ser blindado de la improvisación, del descuido y de cualquier sombra que debilitara la confianza ciudadana. Sin embargo, bastó una jornada mal gestionada para demostrar que la fragilidad seguía allí, agazapada bajo discursos de normalidad. Más de 50 mil ciudadanos afectados, mesas que no se instalaron a tiempo y retrasos en la distribución del material electoral no describen un accidente aislado: describen una cadena de fallas que golpeó directamente el derecho al voto.
Lo más delicado es que, en democracia, privar a un ciudadano de sufragar por incompetencia estatal no es un error administrativo sin consecuencias. Es una lesión concreta a la legitimidad del proceso. Cada elector que no pudo votar por desorganización no solo perdió una oportunidad; perdió parte de la confianza en un sistema que debía protegerlo. Y cuando esa desconfianza se expande, aparecen los peores fantasmas de la política peruana: sospechas, denuncias cruzadas, acusaciones sin prueba y una ciudadanía cada vez más cansada de instituciones que exigen respeto, pero no siempre ofrecen eficacia.
La investigación preliminar abierta por la JNJ, sumada a la denuncia penal presentada por el JNE y al escándalo por la detención de un exfuncionario clave vinculado a la logística, muestra que la crisis no fue un simple tropiezo. Fue una alerta severa sobre el estado real de una institución llamada a garantizar el acto más importante de una democracia: que la gente vote sin trabas, sin humillaciones y sin excusas de último minuto.
Corvetto tiene diez días para defenderse. Y los tiene porque en un Estado de derecho el debido proceso importa. Pero el país también tiene derecho a exigir algo más que descargos: tiene derecho a saber quién falló, por qué falló y quién asumirá el costo de haber puesto en entredicho la organización electoral.
Reflexión final
La democracia no solo se deteriora cuando alguien intenta robarse una elección. También se erosiona cuando el propio sistema la malogra por incapacidad, negligencia o desorden. Por eso, esta investigación no debe ser un episodio pasajero. Debe ser el punto en que el Perú decida si sus errores electorales seguirán archivándose como escándalos momentáneos o si, por fin, empezarán a tener responsables con nombre y consecuencia.