Las elecciones no se arruinan solo con fraude. También se deterioran con incompetencia, improvisación y una alarmante ligereza institucional. Eso es lo que dejó la jornada electoral de 2026: una ONPE desbordada por fallas logísticas que no debieron ocurrir jamás en el proceso más importante de una democracia. La propia cobertura periodística y los reportes posteriores muestran que la tardía entrega del material electoral impidió la instalación oportuna de mesas en Lima y afectó a decenas de miles de electores; el JNE incluso tuvo que ampliar excepcionalmente el horario de votación y habilitar dispensa para quienes no pudieron sufragar por mesas no instaladas.
Lo más grave no fue solo el caos del domingo. Lo más grave es que había señales previas. La Contraloría, según reportes publicados después de la elección, ya había advertido desde el 24 de marzo riesgos en la contratación de la empresa encargada de distribuir el material electoral. El postor ganador, Servicios Generales Galaga S.A.C., no habría acreditado que su personal cumplía con los requisitos técnicos mínimos y, además, su actividad principal no estaba vinculada al transporte. En otras palabras: el país puso una elección presidencial en manos de una logística que no parecía tener espalda para cargarla.
Y luego vino lo previsible, que en el Perú siempre se disfraza de inesperado. Perú21 reportó que la empresa empezó a buscar camiones recién a inicios de abril y contrató choferes apenas dos días antes de la elección. El resultado fue una jornada marcada por materiales que no llegaron a tiempo, mesas que quedaron sin instalar y electores atrapados entre la obligación de votar y la incapacidad del sistema para garantizarles ese derecho. La ONPE pedía comprensión mientras el proceso se desordenaba frente a todos. Qué curiosa costumbre la del Estado peruano: exigir puntualidad cívica al ciudadano y practicar desidia operativa cuando le toca cumplir a la institución.
Como si eso no bastara, aparecieron denuncias sobre cédulas en braille en las que figuraba el apellido “Belmont” en lugar del nombre del partido Obras, un error particularmente delicado por afectar a electores con discapacidad visual. Hasta ahora, esa denuncia ha quedado instalada como uno de los episodios más serios de una jornada ya bastante empañada. No fue una elección cualquiera: fue una elección con millones de ciudadanos llamados a decidir el rumbo del país. Y aun así, la organización pareció confiar en que todo se resolvería sobre la marcha, como si montar una elección nacional fuera un ensayo con derecho a corrección posterior.
Aquí hubo una responsabilidad institucional seria. La ONPE falló en la supervisión, en la previsión y en la ejecución. Y cuando el órgano encargado de ordenar una elección termina sembrando desorden, no solo afecta una jornada: erosiona la confianza pública en la democracia.
Reflexión final
El Perú no puede acostumbrarse a que una elección se salve a última hora, con ampliaciones excepcionales, explicaciones tardías y correcciones de emergencia. La democracia merece algo más que funcionarios sorprendidos por problemas que ya habían sido advertidos. Merece rigor, respeto al elector y autoridades que entiendan que organizar una elección no es administrar un trámite, sino custodiar la legitimidad del país.