La exigencia de destitución del jefe de la ONPE por parte de los principales gremios empresariales del país no debería ser leída como un episodio aislado ni como un simple cruce entre instituciones. Lo que está en juego es algo más delicado: la confianza ciudadana en el proceso electoral. Cuando Adex, la SNI, Perú Cámaras, Canatur, la AAP y Plataforma Mipymes reclaman la salida inmediata de Piero Corvetto tras las fallas del 12 de abril, lo que están señalando no es solo una deficiencia administrativa, sino una fractura en la credibilidad de una entidad que debía garantizar orden, previsión y transparencia.
La jornada electoral dejó retrasos en la distribución del material, mesas instaladas tarde o no habilitadas y denuncias sobre fallas en el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones ya es profunda, estos errores no son menores. Cada demora en una mesa electoral, cada material que no llega a tiempo, cada explicación insuficiente de la autoridad responsable alimenta una sospecha peligrosa: que el Estado no está en capacidad de proteger el derecho más básico de una democracia, el derecho al voto.
El pronunciamiento de los gremios empresariales, por eso, tiene un peso político e institucional evidente. No se trata de actores marginales, sino de sectores que representan producción, comercio, turismo, industria y pequeña empresa. Que todos coincidan en pedir la destitución del jefe de la ONPE revela la magnitud del deterioro. Su argumento es claro: los hechos ocurridos comprometen la integridad del proceso y la confianza ciudadana. Y cuando la confianza se debilita, la democracia entra en zona de riesgo.
Aquí no se discute solo a una persona, sino una forma de entender la responsabilidad pública. La ONPE no puede limitarse a administrar excusas cuando su obligación legal y constitucional es organizar y ejecutar el proceso electoral con garantías. Si además existieron advertencias previas de la Contraloría, el problema deja de ser un accidente y se acerca a una negligencia que merece ser esclarecida con rigor.
La democracia no se protege con discursos tranquilizadores, sino con instituciones que funcionen. Y cuando una institución falla en un momento decisivo, corresponde asumir responsabilidades políticas y administrativas sin rodeos.
Reflexión final
La exigencia de los gremios empresariales no solo interpela al jefe de la ONPE. También interpela a todo el Estado peruano, que no puede seguir tratando los errores electorales como simples tropiezos burocráticos. Cuando el voto se retrasa, se entorpece o se pone en duda, no se afecta solo una jornada electoral: se hiere la legitimidad del sistema. Y una democracia que banaliza sus fallas termina convirtiendo la desconfianza en norma. (Foto: Infobae).