El hallazgo de cuatro cajas lacradas de la ONPE con cédulas electorales en la vía pública no puede ser tratado como un incidente aislado ni como una simple descoordinación operativa. El hecho, ocurrido en Lima y vinculado a mesas de votación del distrito de Surco, expone una falla crítica en la cadena de custodia del material electoral, un componente esencial para garantizar la transparencia y legitimidad de cualquier proceso democrático. Cuando los votos —ya emitidos, firmados y resguardados— aparecen fuera del circuito institucional, la alarma no es opcional: es obligatoria.
Según la información difundida, las cajas contenían aproximadamente 1,200 cédulas correspondientes a cuatro mesas, las cuales debían permanecer bajo custodia oficial hasta la proclamación de resultados. Sin embargo, terminaron siendo halladas en un contenedor de basura en Surquillo. La explicación inicial ofrecida por una funcionaria de la ODPE Surco indicó que el material habría sido olvidado en un taxi durante el repliegue electoral. Posteriormente, la propia ONPE reconoció imprecisiones en la versión brindada, mientras otras autoridades cuestionaron las condiciones en las que se habría realizado el traslado. La contradicción entre versiones no solo agrava el hecho, sino que debilita la credibilidad de la respuesta institucional.
En una democracia sólida, la custodia del voto no es un procedimiento secundario ni una formalidad administrativa. Es una garantía fundamental que asegura la trazabilidad, verificabilidad y legitimidad del proceso electoral. Las cédulas físicas no son documentos prescindibles una vez que los resultados han sido digitalizados; constituyen evidencia material que respalda el conteo, permite auditorías y sostiene la confianza pública.
Por ello, el argumento de que los votos ya habrían sido contabilizados no neutraliza la gravedad del episodio. Puede reducir el riesgo de una alteración directa del resultado, pero no corrige la ruptura de la cadena de custodia ni el mensaje que esta envía. Cuando el Estado falla en proteger el voto, incluso en su dimensión física, lo que se compromete no es solo un protocolo, sino la percepción de integridad del sistema en su conjunto.
Además, la secuencia de explicaciones —primero incompletas, luego rectificadas— revela un patrón preocupante: la gestión reactiva de una crisis que requería claridad inmediata. En materia electoral, la transparencia no puede ser progresiva ni fragmentada. Debe ser plena, oportuna y verificable.
Desde esta tribuna, corresponde señalar que lo ocurrido no admite relativizaciones. La ONPE tiene la obligación de explicar con precisión qué falló en el traslado del material, quiénes eran los responsables directos de su custodia, qué protocolos no se cumplieron y qué medidas se adoptarán para evitar que un hecho de esta naturaleza vuelva a repetirse. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones debe ejercer su rol de garante del proceso con firmeza, asegurando que las responsabilidades no se diluyan en explicaciones administrativas.
Defender la institucionalidad no significa minimizar sus errores, sino enfrentarlos con rigor. La confianza electoral no se sostiene solo con resultados, sino con procedimientos impecables. Y cuando esos procedimientos fallan, el silencio o la ambigüedad institucional no son opciones válidas.
Las cuatro cajas encontradas en la basura no son únicamente un símbolo del desorden operativo. Son una advertencia sobre la fragilidad de los mecanismos que deberían resguardar el acto más importante de una democracia: el voto. Si el país aspira a procesos electorales creíbles, no puede normalizar este tipo de episodios ni tratarlos como excepciones sin consecuencias. La legitimidad no se decreta; se construye con transparencia, responsabilidad y respeto irrestricto por la voluntad ciudadana. Cuando esa cadena se rompe, lo que se pierde no es solo el control del material electoral, sino una parte esencial de la confianza pública.