En democracia, la confianza no se pide: se garantiza. Por eso, que la ONPE haya admitido que las cédulas encontradas en la calle no fueron trasladadas con presencia policial ni fiscal no constituye una simple rectificación administrativa, sino una señal alarmante sobre la fragilidad del proceso electoral. Primero se difundió una versión oficial que aseguraba acompañamiento de autoridades; luego, tras la desmentida del presidente del JNE, la propia ONPE reconoció que había brindado “información inexacta”. Y cuando la verdad llega después del desmentido, el problema ya no es solo operativo: es institucional.
El hallazgo de cuatro cajas lacradas con cédulas de votación en una calle de Surquillo no debía convertirse jamás en una escena posible dentro de una elección nacional. Pero más grave aún fue la reacción inicial del organismo responsable. La ONPE sostuvo, en un primer momento, que el material había sido trasladado con resguardo policial y con presencia del Jurado Nacional de Elecciones. Esa versión fue repetida públicamente hasta que Roberto Burneo la contradijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dejando en evidencia que el traslado se realizó sin esas garantías elementales.
Allí está el núcleo del problema. La cadena de custodia no es una formalidad burocrática ni un trámite secundario; es una garantía mínima de integridad electoral. Si el material aparece en la vía pública y luego se confirma que no estuvo acompañado por la policía ni por fiscalizadores, lo que queda en entredicho no es solo una explicación oficial, sino la seriedad con la que se protegió el voto ciudadano. Una elección no se contamina únicamente por un fraude probado; también se debilita por la suma de negligencias, omisiones y contradicciones.
Lo más preocupante es el lenguaje escogido para explicar lo ocurrido. Hablar de “información inexacta” parece un intento de suavizar un hecho que, en realidad, tiene enorme gravedad pública. Porque no se trató de un error menor de comunicación, sino de una versión oficial equivocada sobre el traslado de material electoral sensible. Y cuando una institución rectifica recién después de ser desmentida, no transmite control: transmite improvisación.
La ONPE no solo organiza elecciones; administra confianza pública. Y esa confianza se erosiona cada vez que una explicación oficial se derrumba frente a los hechos. Lo ocurrido con las cédulas halladas en la calle no puede archivarse como un incidente aislado ni como una torpeza comunicacional. Es una llamada de atención sobre cómo la desorganización puede abrirle la puerta a la sospecha.
Reflexión final
El país necesita autoridades electorales que cuiden cada voto con rigor, no instituciones que corrijan su versión cuando ya fueron expuestas. Porque una cédula abandonada en la calle no solo compromete un procedimiento: compromete la fe democrática de un país que ya ha aprendido, demasiadas veces, lo costoso que resulta confiar sin garantías. (Foto composición sarcástica: lacajanegra.blog).