Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE en medio de una crisis que ya no podía maquillarse con tecnicismos, conferencias, medidas ni comunicados defensivos. La dimisión llegó después de las fallas logísticas del 12 de abril, cuando miles de ciudadanos fueron afectados por el retraso en la distribución del material electoral en Lima, y luego de que la Junta Nacional de Justicia aceptara su salida con efecto inmediato. La escena, por supuesto, tiene algo de ironía nacional: el funcionario cae, pero el problema que lo hizo caer sigue sentado en la mesa, intacto y mirando al país.
Corvetto sostuvo en su carta que había cumplido su función “con integridad” y que los problemas “focalizados” del 12 de abril le impedían continuar en el cargo. También señaló que se requiere una investigación “imparcial y exhaustiva” sobre la cadena logística del proceso electoral. El punto es que esa necesidad no apareció de pronto con la carta de despedida. Esa necesidad nació el mismo día en que el aparato electoral dejó a miles de peruanos sin las condiciones debidas para votar y obligó al sistema a explicar por qué una elección general terminó pareciendo una operación improvisada en el momento más delicado.
La renuncia, además, no ocurre en un vacío administrativo, sino bajo la sombra de investigaciones y denuncias. El JNE denunció penalmente a Corvetto, a funcionarios de la ONPE y al representante de la empresa Galaga por presuntos delitos vinculados al derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del proceso electoral, a raíz del retraso en la entrega del material electoral. Es decir, no estamos ante una salida pura por desgaste político, sino frente al derrumbe de una gestión que terminó cercada por sospechas graves sobre decisiones logísticas y de supervisión.
Y aun así, conviene no caer en la comodidad del personalismo. Porque el problema no se agota en Corvetto. Sería demasiado sencillo fingir que todo quedó resuelto con una renuncia aceptada por unanimidad en la JNJ. La ONPE no es un teatro de un solo actor. Si falló la cadena logística, si hubo pérdida de dispositivos, si se afectó la instalación oportuna de mesas y si la elección terminó sacudida por nulidades, denuncias y desconfianza, entonces lo que está herido no es solo un nombre propio: es la credibilidad operativa del sistema electoral.
La renuncia era necesaria, pero no suficiente. Era el mínimo gesto de responsabilidad frente a un episodio que golpeó el derecho al voto y dejó a la ONPE convertida en sinónimo de desorden en la hora en la que debía ofrecer garantías. El problema empieza cuando en el Perú se pretende vender esa salida como cierre, cuando en realidad apenas debería ser el inicio de una rendición de cuentas seria.
Reflexión final
La democracia no se protege únicamente contando votos. También se protege evitando que la logística los secuestre, que la improvisación los deforme y que la burocracia los ponga en riesgo. Corvetto se fue, sí. Pero si el país no exige una investigación real, responsabilidades completas y una reforma de fondo, su renuncia solo será otro gesto sacrificial en la añeja costumbre peruana de cambiar al rostro visible para conservar intacto el mecanismo que fracasó. Y así, una vez más, la república fingirá que corrigió el problema cuando apenas cambió al funcionario de la foto. (Foto composición: lacajanegra.blog).