El Perú atraviesa una crisis sanitaria que ya no puede maquillarse con discursos ni cifras parciales. Mientras las autoridades anuncian planes, mesas técnicas y campañas de prevención, millones de ciudadanos siguen enfrentando hospitales colapsados, escasez de medicamentos, citas médicas imposibles, demoras en vacunas y una infraestructura que parece resistir únicamente por el sacrificio de médicos, enfermeras y pacientes. La salud pública peruana no está enferma: está en cuidados intensivos.
En las últimas semanas, la demora en la aplicación de vacunas contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) volvió a evidenciar el problema de fondo: el Estado sigue reaccionando tarde frente a emergencias previsibles. Especialistas advirtieron que miles de recién nacidos quedarían expuestos en plena temporada crítica de enfermedades respiratorias mientras el proceso avanzaría solo en algunas regiones del país. El invierno no espera trámites burocráticos ni decisiones políticas demoradas. Tampoco espera la pobreza.
Pero el problema va mucho más allá de una vacuna. El sistema sanitario peruano arrastra años de abandono, improvisación y corrupción. En muchas regiones, un hospital público sigue siendo sinónimo de largas colas, falta de camas, equipos inoperativos y familias obligadas a comprar medicamentos porque el Estado no puede garantizar lo básico. Hay establecimientos donde conseguir una cita especializada demora meses y donde la atención depende más de la suerte que de una política pública eficiente.
La pandemia dejó lecciones dolorosas que aparentemente no fueron aprendidas. El colapso sanitario mostró la fragilidad estructural del sistema, pero también reveló algo más grave: la incapacidad política para construir una reforma seria de salud pública. Pasada la emergencia, el país volvió rápidamente a la improvisación, al cortoplacismo y a la indiferencia burocrática.
Mientras tanto, la desigualdad sanitaria sigue marcando la vida de millones de peruanos. En Lima, acceder a una clínica privada puede significar atención rápida; en regiones alejadas, una emergencia todavía puede convertirse en una sentencia por falta de ambulancias, especialistas o infraestructura. La salud en el Perú depende demasiado del lugar donde uno nace y del dinero que tiene en el bolsillo.
La falta de medicamentos es otro síntoma alarmante. Denuncias sobre compras cuestionadas, sobrecostos y productos de dudosa procedencia golpean la confianza ciudadana en instituciones como EsSalud y el Ministerio de Salud. Cuando los hospitales no tienen medicinas, quien paga las consecuencias no es la burocracia: es el paciente que debe endeudarse, abandonar tratamientos o esperar mientras la enfermedad avanza.
Desde esta tribuna, la posición es clara: el abandono de la salud pública también es una forma de violencia estatal. Porque un niño sin vacuna, una madre sin atención o un paciente sin medicinas no son estadísticas; son ciudadanos a quienes el Estado les está fallando en el derecho más elemental: vivir con dignidad.
La salud pública no puede seguir siendo utilizada como bandera electoral cada cinco años y olvidada apenas terminan las campañas. El país necesita una política sanitaria de largo plazo, inversión sostenida, transparencia en compras, descentralización real, infraestructura moderna y meritocracia técnica.
El Perú no necesita más inauguraciones simbólicas ni promesas recicladas. Necesita un sistema de salud que funcione. Porque mientras los hospitales sigan colapsados, las vacunas lleguen tarde y los medicamentos falten, el discurso oficial sobre crecimiento y progreso seguirá chocando contra una realidad dolorosa: millones de peruanos sobreviven en un país donde enfermarse todavía puede significar quedar abandonado por el Estado. (Foto: lacajanegra.blog).