El Perú tiene 2.241 obras públicas paralizadas en todo el país. La cifra, revelada por la Contraloría General de la República, debería provocar indignación nacional. No hablamos de papeles archivados ni de simples retrasos administrativos. Hablamos de colegios, hospitales, carreteras, puentes, sistemas de agua, saneamiento y proyectos de transporte que quedaron detenidos mientras millones de peruanos siguen esperando servicios básicos. Es una vergüenza nacional con nombre propio: ineficiencia, abandono y falta de sanción.
El informe señala que existe un saldo de inversión por ejecutar superior a S/35.196 millones. Cusco encabeza la lista con 338 obras paralizadas, seguido por Puno con 221, Áncash con 188, Lima con 164, Cajamarca con 140 y Ayacucho con 140. Los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos: 1.533 obras por más de S/12.091 millones. El sector Transportes y Comunicaciones lidera el problema con 625 proyectos paralizados.
Las causas son conocidas: incumplimientos contractuales, falta de recursos financieros, deficiencias en expedientes técnicos, controversias, arbitrajes y mala gestión. Es decir, el anticuado libreto de un Estado que contrata mal, supervisa tarde y castiga poco.
Una obra paralizada no es solo cemento abandonado. Es una comunidad sin carretera, un niño sin colegio digno, un paciente sin hospital, una familia sin agua potable. Cada proyecto detenido representa una promesa rota del Estado.
Lo indignante es que muchas de estas paralizaciones no ocurren por falta de dinero, sino por incapacidad, negligencia, expedientes deficientes, contratistas incumplidos y autoridades que no asumen responsabilidades. En demasiados casos, las obras se convierten en monumentos al desgobierno: se anuncian con ceremonia, se paralizan en silencio y se olvidan con impunidad.
La Contraloría hace bien en publicar las cifras, pero eso no basta. El país no necesita solo diagnósticos; necesita intervención. Publicar el desastre sin activar consecuencias es convertir la fiscalización en estadística. Y la estadística, por sí sola, no construye hospitales ni termina carreteras.
Desde esta tribuna, la exigencia es clara: debe crearse una comisión nacional de alto nivel para destrabar obras paralizadas, priorizar proyectos urgentes y sancionar a responsables. Empresas contratistas, funcionarios, autoridades locales, regionales y nacionales deben responder cuando haya incumplimiento, negligencia o indicios de corrupción.
El Perú no puede seguir permitiendo que empresas que fallan vuelvan a contratar como si nada hubiera pasado. Tampoco puede tolerar autoridades que inauguran primeras piedras y luego abandonan obras a medio camino.
Las 2.241 obras públicas paralizadas son una vergüenza nacional. No solo revelan ineficiencia: revelan desprecio por la ciudadanía. Mientras el Estado se pierde en trámites, arbitrajes y excusas, el país real sigue esperando.
Porque cuando una obra se paraliza, no se detiene solo una construcción. Se detiene el desarrollo, se frena la dignidad y se confirma que el mayor obstáculo del Perú muchas veces no es la falta de recursos, sino la incapacidad de convertirlos en bienestar. (Foto: lacajanegra.blog).