El próximo presidente no solo heredará un país difícil. Heredará un legado pernicioso construido por años de desgobierno, improvisación, incapacidad política e indiferencia frente a los problemas reales del Perú. Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar dejan una nación más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable ante sus propias crisis.
El daño no se limita a errores de gestión. Es un deterioro acumulado del Estado. Cada gobierno prometió corregir al anterior, pero terminó ampliando la desconfianza ciudadana, debilitando instituciones y normalizando la idea de que el poder sirve más para resistir, negociar o sobrevivir que para gobernar.
La gobernabilidad quedó erosionada por la confrontación permanente, los gabinetes inestables, las promesas sin sustento y la ausencia de reformas serias. El país vio desfilar discursos, ministros y anuncios mientras la realidad seguía empeorando. La política se convirtió en administración de emergencias, no en conducción responsable.
La inseguridad es una de las heridas más graves. Extorsiones, sicariato, robos, secuestros y cobro de cupos avanzaron mientras el Estado respondía con medidas aisladas, estados de emergencia fallidos y operativos de ocasión. El crimen organizado entendió mejor el territorio que quienes debían protegerlo. Esa es la crudeza del fracaso: la delincuencia planificó mientras el poder improvisó.
La salud pública sigue mostrando señales de colapso: hospitales saturados, falta de medicamentos, infraestructura deficiente, pacientes esperando atención y personal sanitario trabajando al límite. La educación tampoco escapó al deterioro: colegios precarios, brechas digitales, desigualdad territorial y estudiantes condenados a competir desde la desventaja.
A ello se suman la minería ilegal y el narcotráfico, economías criminales que contaminan ríos, destruyen territorios, compran silencios, corrompen autoridades y reemplazan al Estado donde este decidió no estar. La corrupción, mientras tanto, siguió filtrándose en contratos, obras, municipios, regiones e instituciones.
La Caja Negra sostiene que este legado no puede maquillarse con ceremonias de transición ni discursos solemnes. El nuevo gobierno recibirá un Congreso fragmentado, instituciones débiles, ciudadanía escéptica y una agenda explosiva: seguridad, salud, educación, empleo, pobreza, desnutrición, informalidad, justicia y recuperación de la confianza pública.
Gobernar será mucho más que ocupar Palacio. Será intentar reconstruir un país dañado por la incompetencia acumulada y por una clase política que durante años confundió poder con privilegio.
Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar no dejan una transición ordenada. Dejan un país herido, una democracia debilitada y una lista de urgencias que no admite más excusas.
Reflexión final
El Perú ya no soporta otro gobierno que administre la crisis mientras el país se hunde. El próximo presidente deberá demostrar liderazgo, autoridad moral y capacidad real para corregir el rumbo. De lo contrario, heredará el legado pernicioso y terminará formando parte de él.